La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó este miércoles al presidente Nayib Bukele que firme y mande a publicar, para que entre en vigencia, una ley de emergencia por la pandemia de la COVID-19 que el mandatario vetó.
Dicha ley fue aprobada a finales de mayo pasado por la Asamblea Legislativa y fue vetada por Bukele, por lo que el Parlamento la votó nuevamente para que los jueces constitucionales decidieran sobre su legalidad.
La misma establece un plan de reactivación económica y le da la potestad al Ejecutivo de utilizar fondos sin los controles ordinarios, pero Bukele se oponía a los plazos que establecía, por considerarlos prematuros para las medidas sanitarias.
Los jueces constitucionales desecharon los argumentos del mandatario de que dicha ley "invade las competencias del órgano Ejecutivo" y "viola el principio de colaboración" entre los órganos del Estado.
Para Bukele, la normativa no reconoce la facultad de "planificar, dirigir, coordinar y ejecutar la política de Gobierno en materia de salud y supervisar las actividades de dicha política.
El fallo de la referida sala señala que "no existe la inconstitucionalidad alegada", dado que "la normativa vetada no invade las competencias del Órgano Ejecutivo".
"La limitación de los derechos fundamentales forma parte de las competencias del órgano Legislativo, a la vez que dicha normativa es parte de las obligaciones positivas que genera el derecho a la salud, máxime cuando implica la protección de las personas en condición de vulnerabilidad", apuntaron los jueces.
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Por otra parte, urgieron a los diputados del Congreso a aprobar las "reformas pertinentes" de dicho decreto, dado que varios de los plazos establecidos en las fases de la reactivación económica han vencido.
"La población debe contar con instrumentos jurídicos idóneos y necesarios para el combate de dicha pandemia", por lo que el órgano Legislativo "debe adecuar los artículos que la hagan viable, tomando en cuenta el actual contexto de la pandemia".
También llamaron a Bukele a que, de darse las reformas, "haga un uso responsable de sus atribuciones en el proceso de formación de ley".
Le pidieron que "no produzca vetos por aspectos ya resueltos por esta Sala, ni utilice tiempos de sanción y publicación discordes con la urgencia de la entrada en vigencia de una normativa que pretenda hacer frente a la pandemia".
A lo largo de la pandemia, el mandatario ha utilizado los plazos máximos que le permiten la ley para vetar y notificar dicha decisión sobre iniciativas aprobadas en la Asamblea Legislativa y que no contaban con su venia.
El presidente salvadoreño reaccionó a la decisión del Supremo mediante su cuenta de Twitter y señaló que "gracias a Dios se tardaron", porque "hubiera sido un desastre sanitario" que se reactivará el transporte público el pasado 7 de junio, como lo planteaba la ley.
Los magistrados exhortaron al Parlamento, de mayoría opositora, a coordinar "esfuerzos e instaurar un diálogo institucional que busque los consensos y las alternativas urgentes de acción que el país requiere durante esta pandemia".
Esta decisión judicial supone un golpe a Bukele, quien se ha enfrentado al Congreso y al Supremo durante la pandemia, en la que incluso llegó a no acatar un fallo que le prohibía detener a las personas que se saltaran la cuarentena domiciliar y a presionar a los jueces para que alargarán la vida de un decreto declarado inconstitucional.
Este fallo probablemente cambie el rumbo de la atención a la pandemia en los próximos días, dado que el país se encontraba en un limbo legal de cara a la reapertura de la economía el próximo lunes tras un fallo que declaró inconstitucional el plan gubernamental de desescalada por limitar derechos sin aprobación legislativa.
