Después de ser destituidos por la nueva Asamblea Legislativa salvadoreña, tres magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general presentaron sus renuncias irrevocables, lo que deja libre el camino a los nuevos funcionarios que el lunes comenzaron su trabajo.
El 1 de mayo, después de instalarse, los diputados convocaron a la primera sesión plenaria y como puntos únicos a discusión promovieron la destitución inmediata de los cinco magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como la remoción del Fiscal General. La misma noche eligieron y juramentaron a los sucesores.
Uno a uno llegaron a la Corte Suprema los nuevos magistrados para participar en una reunión a puerta cerrada de la Corte en pleno (de los 15 magistrados), convocada por el nuevo presidente de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional, el abogado Oscar López Jerez.
Horas después de la decisión de los diputados, el abogado Aldo Cader Camilot, uno de los magistrados destituidos, publicó en las redes sociales una carta de renuncia. Después le siguieron los abogados Marina Marenco de Torrento y Carlos Ernesto Sánchez. Todos aducen razones personales y familiares.
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Poco antes de su renuncia, los tres magistrados habían suscrito una sentencia que declara inconstitucional la destitución. Los tres fueron electos para el periodo 2018-2027.
Por su parte el fiscal general, Raúl Melara, pese a que aseguró que su destitución “es totalmente inconstitucional, al carecer de fundamento jurídico y de un debido proceso conforme a la Carta Magna”, también presentó su renuncia irrevocable. Melara dijo que tomó la decisión “considerando como motivo primordial el bienestar de mi familia; y dado que sale de mi control contar con las garantías necesarias para ejercer dicho cargo”.
Melara fue electo fiscal general para el periodo que inició el 6 de enero de 2019 y culminaba el 5 de enero de 2022.
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Los diputados acusan a los magistrados de incurrir en violaciones a la Constitución, generando vulneraciones al derecho a la vida, seguridad jurídica, al principio de seguridad y legalidad, con las resoluciones emitidas cuando frenaron algunas incisivas del presidente Bukele para combatir la pandemia.
En cuanto al fiscal Melara, dijeron haber comprobado que existe un vínculo con el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y que su nombramiento fue un canje con el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para aprobar el presupuesto general de la nación para el año 2019, cuando gobernaba el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Entretanto, a nivel local e internacional continúan las expresiones de preocupación o rechazo por la decisión del nuevo congreso salvadoreño, dominado por la bancada del partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele.
Tanto la ONU, como la OEA, organizaciones defensoras de los derechos humanos locales e internacionales han criticado fuertemente la decisión de la nueva Asamblea Legislativa porque aseguran atenta contra la democracia.
