La reducción de los homicidios y las muertes de pandilleros en tiroteos con los cuerpos de seguridad son prueba de que el Gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, no mantiene una tregua con las "maras", según dijo en una entrevista con Efe el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas.
El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, reporta bajas anuales en los homicidios desde 2016 tras registrar en 2015 el año más violento de su historia reciente con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Los principales protagonistas de esa violencia homicida, según las autoridades, son las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que poseen unos 60.000 miembros.
SIN TREGUA
Para Rivas, la principal prueba de que el Ejecutivo de Bukele no mantiene negociaciones con las pandillas es el descenso de los asesinatos, que se acentuó con la actual Administración, y las bajas causadas a las pandillas en los enfrentamientos armados.
"No hay nada en el ambiente que te permita establecer que hay una tregua o un pacto entre el Gobierno con grupos terroristas (pandilla). Lejos de eso, los estamos combatiendo y muestra de ello son los resultados", sostuvo.
Datos oficiales dan cuenta de que entre enero y mayo de 2019 se registraron 1.305 homicidios frente a los 516 que se reportaron en el mismo lapso de este año, lo que equivale a una baja del 60,45 %.
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En 2020, las pandillas y las fuerzas de seguridad se han enfrentado a tiros en al menos 90 ocasiones, con un saldo de 44 supuestos pandilleros muertos y 29 lesionados. El Gobierno únicamente sufrió en estas reyertas la muerte de un militar.
Diversas investigaciones judiciales y periodísticas han revelado que tras ese tipo de tiroteos se han escondido ejecuciones extrajudiciales en el pasado.
El ministro de Seguridad atribuyó los señalamientos de que existe un pacto bajo la mesa con las "maras" a un intento de la oposición de "desacreditar cualquier logro que tenga este Gobierno".
"Los números nos respaldan", subrayó.
ESTRATEGIA ANTIGUA, MEJORES RESULTADOS
El funcionario salvadoreño atribuye la sensible disminución de los asesinatos a la implementación de un plan de control territorial que concentra a más de 7.000 miembros de la Policía y del Ejército en 22 localidades para tratar de cortar la fuentes de financiación de las pandillas.
Este plan se lanzó 20 días después de la llegada de Bukele al Ejecutivo y consiste básicamente en sus primeras fases, hasta donde ha comunicado el Gobierno, en la concentración de la fuerza estatal en los municipios con mayores índices de violencia.
Una estrategia similar a la utilizada por el antecesor de Bukele, el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), que también optó por la confrontación directa.
Al ser preguntado por esta similitud, Rivas señaló que los Gobierno anteriores "solo hacían la propaganda política de pretender mejorar la seguridad pública", pero en realidad "no pasaba".
Añadió que otro fallo presente en los planes de las otras administraciones es que "intentaron negociar con esos grupos criminales".
Recordó que durante el período de Mauricio Funes (2009-2014) "intentaron reducir estos delitos llegando a una negociación, que fue cuando pactaron la tregua".
"Fue un fracaso completo, el tiempo lo ha demostrado así", apuntó.
Entre los años 2012 y 2014, las principales pandillas llegaron a una tregua para bajar los índices de homicidios, pacto que fue promovido por el Gobierno de Funes y, según acusaciones de la Fiscalía General, incluyó prebendas para los líderes encarcelados.
Rivas también hizo alusión a las supuestas negociaciones entre pandilleros y políticos de los partidos opositores en el marco de las elecciones presidenciales de 2014 y legislativas de 2015.
"Al final, ellos eran parte de la misma delincuencia, por tanto, no había voluntad política para resolver el problema", sostuvo.
No obstante, un requerimiento de la Fiscalía General de la República al que Efe tuvo acceso liga a dos funcionarios, incluido un ministro del Ejecutivo de Bukele, a una supuesta reunión con miembros de pandillas en 2015.
Se trata, de acuerdo con el documento, del actual ministro de Gobernación, Mario Durán, y del director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.
Estas personas sostuvieron dicha reunión cuando Bukele era alcalde de San Salvador (2015-2018) y eran parte de su equipo de trabajo.
ALZA DE HOMICIDIOS EN ABRIL LEVANTÓ SOSPECHAS
A finales de abril, El Salvador registró en plena cuarentena por la COVID-19 una fuerte alza en los homicidios, que levantó sospechas por la posible ruptura del supuesto acuerdo entre el Gobierno y la MS13 por la entrega de un bono.
Datos oficiales indican que entre el 24 y el 30 de abril pasado se registraron al menos 90 asesinatos, lo que supone una media diaria de aproximadamente 13 homicidios, lejos de los índices de un dígito registrados en meses anteriores.
"Hay un tema que ha sonado muy fuerte y que se va constatando en algunos territorios y es que hubo un malestar en la MS13 o en una facción de la MS13 por la manera en que se distribuyeron los 300 dólares por parte del Gobierno", dijo en su momento en declaraciones a Efe la experta Jeannette Aguilar.
También sostuvo que lo que se constató con eso es que "no hay ningún control territorial" y "hay un poder fáctico en los territorios que sigue ejerciendo el control".
Rivas atribuyó el alza exclusivamente a la MS13 y dijo que se dio por un afán por recuperar territorios y ante la "importante" concentración de las fuerzas estatales en la atención a la pandemia.
Tras la contención del alza, supuestamente ordenada desde las cárceles, mayo cerró con 64 homicidio como "el mes más seguro" en El Salvador desde la guerra civil (1980-1992).
