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Revés para ICE: anulan orden de deportación tras redada

Gregorio Pérez es uno de los trabajadores cuya orden de deportación fue cancelada.

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    Juez cancela orden de deportación para hombre de Van Nuys

    Un juez federal canceló la orden de deportación para un hombre arrestado durante una redada ocurrida hace 11 años en una fábrica de Van Nuys. La decisión podría ayudar a decenas más.

    (Publicado viernes 14 de junio de 2019)

    CALIFORNIA - Un tribunal federal dictaminó el jueves que un hombre mexicano que fue arrestado durante una redada en una planta de fabricación de Los Ángeles no debe ser deportado, una decisión que puede influir en la forma en que las autoridades de inmigración abordan las fábricas y oficinas.

    Agentes de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos irrumpieron en las instalaciones de Micro Solutions Enterprises, un fabricante de cartuchos para impresoras, después de obtener una orden de registro en febrero de 2008 para escrutar los documentos relacionados al empleo y cuando contaban con órdenes de detención para ocho empleados.

    Unos 100 agentes armados y uniformados ingresaron a la fábrica, bloqueando todas las salidas visibles y anunciando que nadie podía abandonar el recinto o usar sus teléfonos celulares.

    Gregorio Pérez, quien ingresó ilegalmente al país desde México en 1994, fue uno de los 130 trabajadores arrestados. Él reveló su estado migratorio durante el interrogatorio.

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    La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dijo que Pérez no debería ser deportado porque su arresto estaba fuera de los parámetros de la orden de registro. La jueza Marsha Barzon, designada por el presidente Bill Clinton, escribió que había "pruebas claras en el expediente aquí de que el plan estaba centrado en la detención de los trabajadores, no en la búsqueda de documentos".

    "(La) orden de búsqueda aquí autorizó una revisión solo de los registros del empleador, presumiblemente, documentos en papel o archivos electrónicos. Sin embargo, los agentes utilizaron la autoridad de la orden para ingresar al área de trabajo y detener a cientos de trabajadores en una gran fábrica de cartuchos de impresión, no está claro porque se hizo de esa manera", escribió Barzon.

    Un memorándum interno emitido antes de la operación indicaba que ICE "(estaría) realizando una orden de registro y espera realizar 150-200 arrestos". El memorándum decía que la agencia tendría de dos a cinco autobuses para transportar a los detenidos y 200 camas para arrestados disponibles.

    La Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California y la abogada Noemi Ramírez, quien representó a Pérez, dijeron que el error probablemente invalidaría los procedimientos de deportación contra otros trabajadores arrestados en la operación y que sus efectos podrían sentirse en otros lugares porque ICE usa tácticas similares en todo el país.

    "ICE no puede llevar a cabo detenciones en masa planificadas, interrogatorios y arrestos que violen los derechos de la Cuarta Enmienda de una persona", dijo Ramírez. "Esta victoria no es simplemente la victoria del Sr. Pérez, sino una victoria para las personas que valoran la libertad, que creen que la Constitución significa lo que dice y para aquellos que creen que la comunidad inmigrante no está sola en su lucha".

    El Departamento de Justicia rechazó hacer comentarios, mientras que ICE no emitió una respuesta inmediata.

    John Sandweg, exdirector interino de ICE y exabogado interino del Departamento de Seguridad Interna, dijo que la decisión podría obligar a ICE a revelar más completamente sus planes en las órdenes de registro en los lugares de trabajo pero no esperaba un impacto adicional. El error se aplica solo al Noveno Circuito, que incluye a California y otros ocho estados del oeste.

    "Creo que es una fuerte reprimenda a ICE y a la forma en que están realizando estas operaciones en el lugar de trabajo", dijo Sandweg. "Solo necesitarán modificar su comportamiento. Se requerirá que ICE sea más sincero en las garantías de que sus objetivos reales son los trabajadores indocumentados para evitar esto".

    La operación tenía muchas características de una operación de empleador, que se han vuelto más comunes bajo el presidente Donald Trump pero aún son poco frecuentes.

    En marzo de 2006, ICE recibió una denuncia anónima de que la empresa empleaba ilegalmente entre 200 y 300 trabajadores en el país, lo que llevó a la redada dos años después. Las mujeres fueron llevadas a la cafetería y se pidió a los hombres que esperaran en un pasillo. Se ordenó a los hombres que formaran dos líneas, una para aquellos con autorización de trabajo y otra sin.

    A Pérez se le ordenó ir a otro pasillo después de que no se uniera a la formación. Durante el interrogatorio reconoció que no estaba autorizado para trabajar y fue trasladado en autobús a un centro de detención y puesto en libertad a la 1:00 a.m.

    Un juez de inmigración negó el intento de ICE de deportarlo, pero fue anulado por la Junta de Apelaciones de Inmigración, lo que llevó a la decisión del Noveno Circuito.