Instalan la audiencia contra los acusados por el desvío de fondos públicos en Honduras

Tegucigalpa, 25 jul (EFE).- Un juzgado hondureño instaló hoy la audiencia inicial contra 28 de 38 acusados, entre ellos varios diputados, por el desvío de más de 11,7 millones de dólares que fueron utilizados en la campaña de las elecciones generales de 2013.

El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa inició este miércoles la audiencia inicial contra 28 de los 38 implicados en el caso conocido como Pandora, indicó el Poder Judicial de Honduras.

En esa audiencia, que podría extenderse hasta el fin de semana, la jueza Lidia Álvarez decidirá si le impone a los acusados auto de formal procesamiento con prisión preventiva o les otorga un sobreseimiento provisional o definitivo.

Entre los acusados figura el diputado y excandidato presidencial Elvin Santos, del Partido Liberal (opositor); los parlamentarios Rodolfo Irías Navas, expresidente del Parlamento hondureño, y José Celín Discua, del Partido Nacional (en el poder), y el diputado suplente Lenin Rigoberto Rodas Velázquez, de Unificación Democrática.

Asimismo, el exministro de Agricultura y Ganadería Jacobo Regalado, Ernesto Gáleas, exadministrador del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y el diputado Miguel Edgardo Martínez, del Partido Nacional (en el poder).

Se suman a ellos, el francés Jean Francois Marie de Peyrecave, esposo de Hilda Hernández, exministra de Estrategia y Comunicaciones y hermana del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, fallecida en diciembre de 2017 en un accidente de helicóptero junto a otras cinco personas.

Los 28 implicados están siendo acusados, en su mayoría, por los supuestos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras.

Según la denuncia presentada en junio por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic), los fondos desviados para las elecciones generales de 2013 y otros delitos suman más de 282 millones de lempiras (11,7 millones de dólares).

Los recursos provenían de las secretarías de Finanzas y de Agricultura y Ganadería y el caso fue investigado por la Ufecic, con apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), tras una denuncia del inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán, Pietro Di Battista.

Di Battista denunció una "utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas".

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