Trece miembros actuales y antiguos del Departamento de Policía del condado Prince George se unieron a una demanda civil federal presentada el miércoles por la mañana en Greenbelt, Maryland.
El pleito alega discriminación y represalias por parte de los líderes del departamento en contra de oficiales.
Abogados que están trabajando con los agentes dicen que los 13 que firmaron la demanda representan muchos más oficiales dentro de la división.
El litigio aduce que oficiales mujeres o provenientes de minorías étnicas que reportaron conducta inapropiada de uniformados blancos fueron víctimas de represalias a través de degradaciones o traslados. También acusan al departamento de encubrir a los oficiales blancos que han usado fuerza excesiva en la comunidad.
“Estamos viendo una disparidad generalizada en el trato y estamos cansados de eso, y si la comunidad cree que estamos cooperando al 100 por ciento para proteger a la comunidad mientras todos estos problemas internos continúan, están equivocados ", dijo el oficial Joe Pérez.
Sonya Lancaster, una teniente, dice que fue acosada sexualmente por un oficial de capacitación anglosajón, quien luego tomó represalias en su contra cuando ella presentó una queja.
"Me han atacado, me han dado bola negra, han tomado represalias en mi contra y he sido rechazada porque he hablado en contra del mal manejo de las investigaciones internas y el trato parcial contra las personas que presentaron denuncias a los oficiales blancos", dijo. "Hablé cuando vi a [oficiales] afroamericanos despedidos y disciplinados sin una causa justa, mientras que los oficiales blancos que se involucraban en una mala conducta real eran promovidos una y otra vez".
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“Es como si los líderes de la policía blancos en Prince George dijeran ‘¿Qué puedo hacer para romperte? ¿Cómo puedo tenderte una trampa y hacer que te vayas del departamento?’”, dijo Thomas Boone, presidente de la Asociación de Oficiales Afroamericanos Unidos.
La demanda le solicita a la corte que encuentre algunas prácticas y políticas del departamento ilegales, y le ofrezca justicia a los uniformados y miembros de la comunidad que han sido maltratados. Asimismo, piden un supervisor independiente que vigile las reformas.
Los oficiales presentaron la demanda junto con la Asociación Nacional de Oficiales Hispanos y la Asociación de Oficiales Afroamericanos Unidos y con el apoyo del Comité de Abogados de los Derechos Civiles y Urbanos de Washington, la Unión Americana de Libertades Civiles de Maryland (ACLU) y la firma de abogados privada Arnold & Portero.
El pleito se produce cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos continúa su investigación sobre reclamos similares dentro del departamento. Ese litigio incluye a casi 120 oficiales.
