Alejandra Pablos, una activista de derechos de inmigración y reproductivos conocida a nivel nacional, ha recibido una orden deportación, informaron las autoridades de Arizona. El juez federal, Michael O’Leary, también revocó su tarjeta de residencia y le negó una petición de asilo.
En marzo, Pablos, de 33 años y oriunda de México, fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Tucson cuando asistía a una cita por un caso pendiente derivado de una condena por conducir bajo la influencia (DUI).
“Una mujer café en Arizona no puede cometer un error, no puede transformarse”, dijo.
Pablos cuenta que en 2011 fue arrestada por manejar bajo los efectos del alcohol, y pasó los siguientes dos años en un centro de detención de Arizona.
En el 2016, se mudó a Virginia y desde entonces ha trabajado para el Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva en Annandale, convirtiéndose en una activista enfocada en promover los derechos reproductivos de la mujer y de las comunidades de inmigrantes.
“Aunque yo haya transformado mi vida, me he convertido en una persona en la comunidad muy activa y educando a las personas para que no les pase lo que me pasó a mí”, continuó Pablos.“Todavía estoy tratando de pelear por mi dignidad y mi humanidad. Las personas que deben creerme no creen que sea suficiente la transformación.”
Pablos y sus allegados dicen que es blanco de ICE por su activismo. La agencia migratoria niega la acusación.
Ella le dijo a The Washington Post que su vida estaría en peligro si la deportan a México, donde el aborto sigue siendo en gran parte ilegal y activistas han sido objeto de amenazas. Sin embargo, el juez o’Leary rechazó este argumento en su dictamen.
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“Ha impactado a mucha gente. Es una persona muy luchadora, muy inspiradora. La verdad es que ella merece estar libre, estar con su familia, quedarse en el país donde ha vivido casi toda su vida”, dijo Margie del Castillo, directora de campo y abogacía del Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva.
Según un comunicado de prensa, Pablos creció en California y es miembro de la organización Mijente.
En enero de este año, la activista fue detenida durante una manifestación afuera de las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional en Richmond. Los cargos por invasión de propiedad privada y obstrucción de la ley fueron retirados.
Las autoridades informaron que Pablos tendrá hasta el 10 de enero para presentar una apelación por la orden de deportación. Pablos planea presentar la solicitud lo antes posible y añadió que también planea enviar una petición de perdón al gobernador Doug Ducey.
“Mi vida está aquí. Mi vida está aquí con mi familia y con mi comunidad”, dijo.
