SAN SALVADOR — El Salvador amplió el miércoles por novena vez el régimen de excepción para controlar las pandillas, a pesar de las críticas de políticos opositores y organizaciones defensoras de derechos humanos que exigen el fin de la medida porque, aseguran, ha dado pie a detenciones arbitrarias y a abusos de las autoridades.
La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga de la disposición por 30 días más como se lo solicitó el gobierno, cuyo presidente Nayib Bukele goza de altos niveles de popularidad, según encuestas, debido a su enérgica lucha contra la delincuencia.
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“Hemos recuperado el control del Estado, ahora contamos con autoridad y somos un país fuerte. Estamos transformando la realidad de las familias salvadoreñas”, expresó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la petición al legislativo y justificar la nueva prórroga.
Villatoro aprovechó para responder a los organismos defensores de los derechos humanos que han criticado al gobierno salvadoreño por aplicar el régimen de excepción. “A los enemigos del pueblo, que piden que cese esta medida, quiero decirles que la población no acepta sus propuestas”, agregó.
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“No vamos a administrar el país como la oposición quiere, porque no volveremos al pasado. Al delincuente lo vamos a tratar como tal y le caerá todo el peso de la ley”, advirtió el presidente del Congreso, Ernesto Castro.
De acuerdo con una reciente encuesta de LPG Datos del matutino La Prensa Gráfica de El Salvador, el 87, 8% de los salvadoreños aprueban el desempeño del presidente Nayib Bukele, y el 89,5% avala el combate a las pandillas. Según otra investigación de la ONG Fundaungo, el 89,8% de los salvadoreños aprueban el régimen de excepción, lo que constituye un aumento del nivel de aprobación porque en junio era de 83,7%.
Las autoridades informaron que en los casi nueve meses del régimen de excepción han capturado a más de 60,000 personas de un registro de 76,600 pandilleros.
La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, confirmó que se ha liberado a 2,100 personas por no tener vínculos con pandillas y anunció que en enero iniciará un plan de verificación sobre la situación en las cárceles, con acompañamiento de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 27 de marzo, cuando se registraron 62 homicidios en un día, la Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista aprobó la puesta en marcha de un estado de excepción por primera vez y durante 30 días a solicitud del presidente Bukele.
Según cifras oficiales del 1 de enero al 13 de diciembre, se han registrado 602 homicidios, una cifra menor a los 1,061 contabilizados en idéntico período de 2021.
Al ritmo actual, El Salvador cerraría 2022 con 633 homicidios, para una tasa de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. En lo que va de diciembre, se confirman cuatro homicidios y diez días sin muertes por violencia homicida.
Las llamadas maras o pandillas, que tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país, están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
La nueva prórroga se aprobó con los votos de 67 de los 84 diputados de la Asamblea Nacional unicameral. Nueve diputados opositores se abstuvieron, seis votaron en contra, y dos no asistieron a la sesión.
El régimen de excepción fue extendido la anterior ocasión el 15 de noviembre y las autoridades han advertido que continuarán aplicándolo hasta sacar de las calles al último de los pandilleros.
El estado de excepción limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
En marzo, el Congreso salvadoreño también aprobó algunas reformas al Código Penal para convertir en delito formar parte de una pandilla, lo que puede sancionarse con una pena de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de 40 a 45 años.
En los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplican 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años a los mayores de 12.
Las organizaciones Human Rights Watch y Cristosal denunciaron que han documentado más de 1,000 casos graves de violaciones a los derechos humanos cometidos por los soldados y policías durante el régimen de excepción. Aseguraron haber documentado al menos 90 personas muertes de personas cuando estaban bajo custodia de las autoridades estatales.
Los responsabilizan de la vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, desapariciones forzadas, torturas y arrestos masivos de personas que aseguran no estar vinculadas con las pandillas.
