
Las autoridades arrestaron a un padre y su hijastro por presuntamente participar de los disturbios del 6 de enero del 2021 en el Capitolio, informó la Oficina del Fiscal de Estados Unidos.
En un comunicado de prensa, la agencia indicó que Douglas Wyatt, de 49 años, y su hijastro, Jacob Michael Therres, de 25, ambos de Fallston, Maryland, están acusados en una denuncia penal presentada en el Distrito de Columbia de agredir, resistir u obstaculizar a los agentes e interferir con los agentes del orden público durante un desorden civil.
El dúo también enfrenta delitos grados y cinco delitos menores relacionados.
Según documentos judiciales, en la tarde del 6 de enero de 2021, Wyatt estuvo involucrado en múltiples agresiones a agentes del orden público con un rociador químico en la Terraza Oeste Inferior del Capitolio. También se presume que el hombre gritó numerosas obscenidades a los oficiales y ayudó a quitarle la bandera de otro alborotador a un oficial que intentó agarrarla.
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Asimismo, Wyatt presuntamente entregó una tabla larga y pesada a Therres, quien la usó para golpear a un oficial en la cabeza. El oficial ha experimentado efectos médicos persistentes por el golpe en la cabeza. Therres también roció un irritante químico hacia una fila de oficiales.
De acuerdo con la Oficina del Fiscal de EEUU, el caso está siendo procesado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia y la Sección de Contraterrorismo de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Maryland brindó una "valiosa asistencia".
En los 22 meses transcurridos desde el 6 de enero de 2021, casi 900 personas han sido arrestadas en casi todos los 50 estados por delitos relacionados con el ataque del Capitolio de EEUU, incluidas más de 275 personas acusadas de agredir o impedir el cumplimiento de la ley.
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Mientras, el comité encargado de investigar el incidente en la Cámara de Representantes acusó este lunes al expresidente Donald Trump de esconderse por haber rechazado declarar pese a haber sido citado.
De acuerdo con la demanda, el exfuncionario no está obligado a testificar y el principio de la separación de poderes "prohíbe que el Congreso" lo presione para hacerlo.