Agentes de policía del condado de Fairfax brindaron protección a una red de tráfico sexual en el norte de Virginia a cambio de poder tener relaciones sexuales sin costo con las mujeres que eran traficadas, asegura una demanda federal presentada por un reconocido abogado defensor de los derechos civiles.
La demanda también nombra como acusado al jefe de policía del condado de Fairfax, Ed Roessler, asegurando que ayudó a encubrir a los agentes una vez que el trabajo de otro detective amenazaba con exponer sus fechorías.
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La querella fue presentada a nombre de una mujer costarricense identificada con el nombre genérico de “Jane Doe”. La demanda asegura que los agentes avisaban a la red de trata para que suspendiera sus anuncios en portales como backpage.com antes de que la policía llevara a cabo operativos.
Victor Glasberg, el abogado que presentó la demanda a nombre de la mujer, dijo en una entrevista que la policía prácticamente corroboró algunos elementos en las acusaciones de su clienta al proporcionarle los nombres de los agentes involucrados.
Según la demanda, la mujer fue reclutada en su natal Costa Rica para viajar a Estados Unidos para trabajar como acompañante, lo que le dijeron que involucraría salir con hombres adinerados pero implicaría prostitución.
Pero, cuando llegó a Estados Unidos a finales de 2010, la mujer al frente de la operación de tráfico sexual, Hazel Sánchez Cerdas, le quitó su pasaporte y la obligó a tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Cuando la mujer le decía que quería irse, Sánchez la amenazaba con lastimar a su familia en Costa Rica o con decirles a sus familiares que era prostituta, según la demanda.
Sánchez se declaró culpable en un tribunal federal de Alexandria de dirigir la red de prostitución y se le sentenció a dos años y medio en prisión. Los fiscales en ese caso señalaron que a las mujeres que eran parte de la operación de Sánchez se les obligaba a tener sexo con hasta 17 clientes al día y se les forzaba a cumplir con solicitudes de actos sexuales particularmente humillantes o peligrosos.
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Durante ese proceso se debatió el grado de coerción al que eran sometidas las mujeres, y los abogados de la defensa argumentaron que las mujeres tenían incentivos para mentir sobre el trato que recibieron. Pero los fiscales arguyeron que a las mujeres en efecto les quitaron sus pasaportes y fueron víctimas de amenazas.
El abogado de Sánchez señaló en documentos ante la corte que la red operó de 2010 a 2012, pero en la demanda civil y en una declaración jurada al FBI, la mujer costarricense aseguró que se le obligó a trabajar con Sánchez hasta 2015.
Cuando Glasberg presentó originalmente la demanda en octubre pasado, desconocía las identidades de los agentes que supuestamente estuvieron involucrados, debido a que su cliente nunca pudo aprenderse sus nombres. Pero Glasberg obtuvo una orden del tribunal que instruía al departamento de policía a identificar a los agentes descritos en la denuncia.
La policía respondió con dos nombres: Michael O. Barbazette, de Manassas, y Jason J. Mardocco, de Gainesville. Ninguno de ellos sigue siendo miembro de la policía.
Glasberg enmendó su demanda la semana pasada para incluir las identidades de los agentes.
Las llamadas hechas y los correos electrónicos enviados a los números y la dirección asociados a Barbazette no obtuvieron respuesta. Las llamadas y correos electrónicos a los números y la dirección asociados a Mardocco no fueron devueltos. Ninguno de los dos tiene abogado señalado en los expedientes judiciales.
