Un grupo de inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la organización Central American Resource Center (CARECEN) presentaron esta semana una demanda en contra de la administración Trump por una regla implementada en diciembre de 2019 que según alegan impide que ciertos beneficiarios del programa puedan acceder a la residencia permanente en los Estados Unidos.
Los grupos afirman que la política es "ilegal" porque fue autorizada por el entonces director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) Ken Cuccinelli, cuyo “nombramiento fue declarado ilegítimo por una corte federal en marzo” en respuesta a otra demanda, lo que invalida el cambio de la política.
De acuerdo al litigio presentado el miércoles, el cambio fue emitido por el USCIS sin explicación ni previo aviso. Los demandantes aseguran que la medida viola el Immigration and Nationality Act and the Administrative Procedure Act y que es además es “inconstitucional porque está motivada por los prejuicios anti-inmigrantes de la Administración Trump."
Antes del cambio de política, USCIS permitía que algunos beneficiarios del TPS con órdenes de deportación fueran elegibles para el estatus de residente permanente si se iban temporalmente de EE. UU. (con el consentimiento de USCIS) y luego volvían legalmente bajo un permiso de viaje. Una vez de regreso, el individuo habría satisfecho la orden de deportación pendiente, lo que le permitía solicitar un cambio de estatus a través de USCIS. Sin embargo, de acuerdo con la demanda, la nueva regla de la administración Trump elimina el efecto legal de esta acción lo que hace que el beneficiario no sea elegible para ajustar su situación migratoria.
