El Salvador

El Salvador: Sentencian a 50 años de cárcel a mujer que tuvo aborto espontáneo

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto denunció "fallas al debido proceso" de ley por parte del tribunal

SAN SALVADOR - La Justicia de El Salvador condenó a 50 años de cárcel a una joven de 23 años e identificada como Lesly Lisbeth Ramírez tras sufrir una emergencia obstétrica.

Esta es la primera vez que se aplica la pena máxima desde que se penalizó de manera absoluta el aborto en el país.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto rechazó la decisión judicial y anunció el lunes que apelará el fallo dictado el pasado 29 de junio por un juzgado de San Miguel, 135 kilómetros al este de la capital.

La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que los practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a ocho años. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima y las mujeres pueden llegar a ser condenadas de 30 a 50 años de prisión.

La activista Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, explicó que la joven fue procesada en el Juzgado de Sentencia de San Miguel (oriente) por el delito de homicidio agravado, cargo por el que recibió la sentencia el pasado 29 de junio.

Indicó que el proceso judicial contra Lesli presentó "fallas al debido proceso" porque el juez del caso -cuyo nombre no fue proporcionado- "no admitió peritajes de la defensa, un estudio socioeconómico del Instituto de Medicinal Legal y un estudio psicológico en el que se recomendaba un análisis psiquiátrico".

"La sentencia es una muestra se ensañamiento judicial contra mujeres, jóvenes, empobrecidas y que no tienen manera de defenderse. Es una injusticia", comentó Herrera.

Por su parte, el Ministerio Público informó que la condena de Lesly Lisbeth Ramírez se basó en las pruebas presentadas en el juicio por los fiscales del caso y el dictamen forense que determinó como causa del fallecimiento de la bebé “degüello por herida tipo contuso-cortante producido con arma blanca”.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la joven, que residía en una zona rural del oriente del país, “ocultó su embarazo a los familiares y tuvo un parto extrahospitalario en el que dio a luz a una niña que nació con vida y que, a través del reconocimiento forense, se estimó que tenía entre las 37 y 40 semanas de gestación”.

Sin embargo, el colectivo feminista argumenta que la joven tenía 19 años en aquel momento, un nivel de educación escolar bajo y sin educación sexual integral “desconocía lo que estaba sucediendo en su cuerpo y el 17 de junio de 2020, a las 9:30 de la noche, tuvo una emergencia obstétrica en su casa, sintió deseo de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto”.

La joven fue al baño y tuvo un parto precipitado. Según el colectivo, que reproduce una cita de la joven, ella “sentía que algo salía, estaba oscuro y no lograba ver lo que expulsaba”. Añadieron que se asustó y entró en pánico, “todo era confuso, ya que era primeriza”

Los familiares llamaron a emergencias de la policía para que la trasladaran a un hospital, donde fue detenida y acusada inicialmente de aborto.

Ramírez es la tercera de siete hermanos de una familia que vive en situación de pobreza extrema que no tiene en acceso a agua potable ni electricidad y subsiste con el trabajo agrícola. Sólo cursó hasta el séptimo grado y asumió las tareas del hogar y el cuidado de sus cuatro hermanos menores de edad.

El colectivo asegura que el proceso jurídico contra la joven estuvo lleno de irregularidades y prejuicios y que el juez no admitió la incorporación de pruebas que demostraban su inocencia. Tampoco “valoró el peritaje social de Medicina Legal que evidencia la violencia de genero a la que Lesly había sido sometida, ni el peritaje psicológico que sugería la realización de un estudio psiquiátrico”.

En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado.

El país centroamericano se encuentra lejos de legalizar el aborto, puesto que, por un lado, el presidente Nayib Bukele ha reafirmado su posición en contra y, por otra parte, la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, no da señales de promover, analizar y aprobar legislaciones sobre el tema.

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