Los defensores de los inmigrantes presentaron una demanda contra la administración del presidente Donald Trump impugnando una orden ejecutiva que limitaría la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que tienen al menos un padre que no es ciudadano estadounidense o residente permanente.
Los niños nacidos de madres que están en EEUU ilegalmente o temporalmente, como aquellos con visas de estudiante o de trabajo, se verían afectados. La orden exime a los niños cuyos padres son ciudadanos o residentes permanentes.
"Tengo 12 semanas de embarazo, es difícil", afirmó una madre que prefirió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad, pero la llamaremos Mónica.
Mónica es una solicitante de asilo venezolana y una de las demandantes del caso.
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"Debería estar preocupada por la salud de mi hijo. Debería estar pensando principalmente en eso. En cambio, mi esposo y yo estamos estresados. Estamos ansiosos y deprimidos", dijo Mónica.
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La mujer y otras cuatro embarazadas que son inmigrantes, CASA, el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo y el Instituto de Defensa y Protección Constitucional de la Facultad de Derecho de Georgetown presentaron la demanda, argumentando que la orden ejecutiva de Trump es una violación de la Enmienda 14, que garantiza el derecho a la ciudadanía por nacimiento para cualquier persona nacida en los Estados Unidos.
“El presidente Trump no tiene autoridad para enmendar ni la Constitución ni la ley federal de un plumazo en una orden ejecutiva”, afirmó Rupa Bhattacharyya, directora legal del Instituto de Defensa y Protección Constitucional.
Monica sostuvo que una de las mayores luchas que ella y otras mujeres en su posición enfrentan es no saber cómo planificar un futuro para sus familias.
“¿Qué puedo hacer por mi hijo, que temo que se convierta en apátrida?”, preguntó Monica. “Temo que mi hijo no tenga ninguna ciudadanía, no solo la ciudadanía estadounidense. ¿Cómo registro a mi hijo en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar?”
La demanda busca una orden preliminar que impida que la orden entre en vigor antes de que se dicte una sentencia definitiva. La orden entrará en vigor el 19 de febrero.
Este no es el único desafío legal al que se enfrenta la orden ejecutiva. Los fiscales generales de todo el país, incluidos los de Washington DC y Maryland, presentaron una demanda contra la administración Trump.
El juez de distrito de EEUU, John Coughenour, en Seattle escuhará el jueves los argumentos de fiscales estatales de Washington, Arizona, Illinois y Oregon sobre la legalidad de esta orden ejecutiva.