El Fiscal General de la república, Rodolfo Delgado, informó el viernes que dará por terminado el convenio de cooperación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) luego que se anunciara que la Organización de Estados Americanos (OEA) incorpora como asesor al exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt, procesado en libertad por negociaciones con las pandillas.
Delgado dijo en conferencia de prensa que la cooperación entre la Fiscalía y la CICIES terminará en 30 días y que solicitará a la cancillería salvadoreña que se anule ese convenio “porque aquí estamos abierto a trabajar con la comunidad internacional y recibir apoyo para el combate a la impunidad, pero no es posible recibir este tipo de apoyo por parte de una organización que ahora tiene la asesoría de un delincuente”.
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En un tuit, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue quien informó que Muyshondt se sumaría como asesor.
“Como Fiscalía no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales, un delincuente confeso que aceptó que entregó dinero a las pandillas”, dijo Delgado,
Muyshondt es procesado en libertad junto a otras seis personas, entre ellos dos exministros de los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas al supuestamente haber negación con las pandillas para que, a cambio de dinero, los apoyaran a ganar las elecciones presidenciales de 2014. Pese a este supuesto apoyo de las pandillas, finalmente las elecciones las ganó el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén.
Entre los procesados figura el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara; el exministro de Gobernación , Arístides Valencia, así como el exmediador de la tregua entre pandillas, el excomandante guerrillero Raúl Mijango, y el columnista Paolo Luers.
Un juzgado se apresta a celebrar una audiencia de revisión de medidas contra el exalcalde y evaluar la petición de la Fiscalía que se orden su detención.
Muyshondt, que se ha declarado “perseguido político”, dijo en su cuenta de Twitter: “Hoy enfrentaremos de nuevo al régimen: a las turbas criminales de un ministro de trabajo maleante (Rolando Castro), a una Fiscalía subordinada al Gobierno, a fuertes presiones a jueces, a noticias falsas oficialistas, y a su acoso, hostigamiento y persecución. Daremos la cara, con frente en alto”.
En este caso también está bajo la lupa el expresidente de la Asamblea Nacional y exdiputado Norman Quijano, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Quijano salió del país el 30 de abril cuando faltaban pocas horas para que llegara a su fin el periodo legislativo para el que fue electo y el fuero constitucional que impedía que las autoridades lo capturaran. Un juez salvadoreño pidió a la oficina de la Interpol en el país que emitiera una difusión roja para buscarlo. La orden de captura pide que sea procesado por los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas.
En noviembre de 2019, la OEA y el gobierno de El Salvador firmaron un acuerdo para la creación de la CICIES y en diciembre de ese año la Fiscalía y la nueva comisión suscribieron un convenio de cooperación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades de la Fiscalía en pro de combatir la impunidad y corrupción en la función pública. Dicha asistencia consistiría en asesoramiento, recomendaciones y transferencias de conocimientos especializados en casos concretos de corrupción por medio de capacitación y formación de los fiscales en el ejercicio de sus funciones.
En su primera visita al país en abril de este año, el Enviado Especial del departamento de Estado estadounidenses, Ricardo Zúñiga, se reunió con el comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta y anunció que Estados Unidos contribuiría con dos millones de dólares para fortalecer su trabajo. En la reunión también participó el entonces Fiscal General, Raúl Melara, que el 1 de mayo fue destituido por la instalarse la nueva Asamblea Legislativa controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele y esa misma noche se eligió y juramentó como nuevo Fiscal General a Delgado.
Ese día Ochaeta dijo en una breve declaración a la prensa que como parte de los convenios de cooperación con el Ministerio Público habían remitido a la Fiscalía “12 avisos de posibles ilícitos en carteras del Estado”, pero no detalló qué instituciones son, ni el tipo de ilícitos que habían detectado.
