A pesar de que el Concejo de DC anunció que el proyecto que le permitiría votar a los no ciudadanos fue convertido en ley, el Congreso aclaró que esto aún no ha ocurrido.
El proyecto de ley, promulgado sin la firma de la alcaldesa de DC Muriel Bowser el 21 de noviembre de 2022, ampliaría la definición de "elector calificado" en las elecciones locales "para incluir a los residentes no ciudadanos elegibles", según el texto de la medida.
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La confusión ocurrió luego de que el Concejo de DC anunciara el lunes la aprobación de la pieza legislativa bajo el argumento de que el Senado no realizó la votación luego de los 30 días establecidos en la Constitución de EEUU.
La ley de jerarquía máxima dispone que el Congreso debe supervisar el trámite legislativo que realiza el Concejo de la capital del país. Esto incluye aprobar, vetar o enmendar un proyecto.
Esas reglas de procedimiento también establecen que cada cuerpo legislativo tiene 30 días para evaluar una pieza legislativa después de que el Concejo la presenta para su consideración.
En este caso, la Ley de Enmienda de los Derechos de Votación de los Residentes Locales del Concejo de DC de 2022 fue anulada en la Cámara de Representantes en una votación de 260-173.
Sin embargo, aún no ha sido evaluada por el Senado de EEUU y, en efecto, el periodo para hacerlo aún no ha finalizado debido a que la Cámara Alta recibió la medida el 30 de enero de modo que tiene hasta el 14 de marzo para aprobar, vetar o enmendar la legislación. Así lo anunció el portavoz de la representante sin derecho al voto de DC ante el Congreso, Eleanor Holmes Norton.
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El Senado no ha precisado cuándo se vislumbra que esta medida entre a votación.
Asimismo, la controversia surge luego de que el Senador Joe Manchin anticipó que votará con los republicanos del Senado para revertir el controvertido proyecto de ley de reforma del código penal de DC cuando llegue al piso del cuerpo legislativo.
Los parlamentarios de la Cámara y el Senado indican que el Congreso tiene 60 días para revisar cualquier ley que se ocupe de sanciones penales, 30 días más que otras leyes, lo que le da al Senado hasta el 26 de abril para votar sobre la reforma al Código Penal.
