brutalidad policial

Junta escolar de Prince George sopesa terminar contrato con la policía

Según la junta, estudios muestran que el tener oficiales de recursos escolares en las instituciones está asociado a una mayor tasa de suspensiones, expulsiones y arrestos.

Telemundo

Un comité de la junta escolar del condado de Prince George’s ha aprobado un plan para terminar su contrato con el departamento de policía y quitar a los agentes armados de los planteles.

El comité de presupuesto de la junta también votó a favor de asignar $5 millones para programas de salud mental y personal de apoyo académico para que asistan a los estudiantes que tienen un nivel de lectura más bajo del requerido para su grado.

Ya que fue aprobada por el comité, la medida será discutida por la junta, probablemente este mes.

La Dra. Mónica E. Goldson, presidenta de las escuelas de Prince George’s, tiene 60 días para decidir el futuro de la propuesta. Los planteles están obligados a tener un plan para recibir cobertura de las fuerzas del orden, según estimula el Maryland Safe to Learn Act de 2018, aprobado luego de que 17 personas murieron en un tiroteo en la escuela Majorly Stoneman Douglas en Florida.

Un resumen de la acción de la junta indica que estudios muestran que el tener oficiales de recursos escolares en las instituciones está asociado a una mayor tasa de suspensiones, expulsiones y arrestos.

Un 55% de los 135,962  alumnos en el condado son de raza negra, mientras que el 36% es de origen latino, según datos del Departamento de Eduación.

Los legisladores en Prince George’s están reevaluando la relación de la comunidad con la policía tras las multitudinarias protestas registradas alrededor del país suscitadas por la muerte de George Floyd a manos de un oficial blanco en Minneapolis.

La concejala Deni Taveras dijo en una reunión por la plataforma Zoom el lunes que quiere que los departamentos de policía en el condado cambien inmediatamente su uso de lo que ella llama “base de datos de pandillas”. Ella aseguró que muchos residentes son incluidos en esa base de datos por razones injustas, como el área donde viven o quién es su familia. Taveras dijo que ese tipo de designaciones devienen en la criminalización de  afrodescendientes y otras minorías.  

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