Varios aliados del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, incluida su jefa de gabinete, han sido incluidos en una lista de funcionarios centroamericanos de alto nivel considerados como corruptos por el Departamento de Estado de Estados Unidos, según una copia del informe a la que tuvo acceso de The Associated Press.
Es probable que la aparición de la lista de cinco funcionarios supuestamente corruptos agrave las tensiones con Bukele, que afronta una intensa presión del gobierno de Joe Biden por la destitución de varios jueces de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de El Salvador.
Estados Unidos ha hecho de reforzar la democracia uno de los pilares de su estrategia en América Central, y afirma que la corrupción rampante es una de las causas de la inmigración irregular.
Una copia del reporte, enviada el lunes a miembros del Congreso estadounidense, fue proporcionada a The Associated Press por un empleado demócrata bajo condición de anonimato porque no se ha hecho público.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.
En un principio, la lista incluía un anexo clasificado del informe enviado al Congreso en abril en respuesta a una solicitud presentada el año pasado por la representante Norma Torres, demócrata de California y que preside el grupo de legisladores sobre Centroamérica. Esa lista más amplia contenía los nombres de 12 políticos de Honduras y Guatemala acusados de corrupción o que se cree tienen lazos con organizaciones del narcotráfico.
La lista de cinco funcionarios salvadoreños que se cree “participaron en actos significativos de corrupción” mientras ejercieron un cargo público se desclasificó el 4 de mayo, según el nuevo reporte. A diferencia de la mayoría de los hondureños y guatemaltecos señalados, ninguno de los salvadoreños ha sido acusado o sancionado en Estados Unidos, y su inclusión en la lista no parecía tener consecuencias legales inmediatas.
Sin embargo, es probable que la acusación complique más las relaciones entre el gobierno de Biden y el de Bukele, que no se ha mostrado dispuesto a dar marcha atrás en su consolidación de poder, condenada por funcionarios estadounidenses y legisladores de ambos partidos.
Local
El joven partido Nuevas Ideas de Bukele arrasó en las elecciones legislativas de febrero, lo que le permitió tomar el control del congreso unicameral y votar de inmediato la destitución del máximo responsable anticorrupción del país y varios magistrados del alto tribunal, que habían frenado medidas del presidente.
Aunque Bukele sigue siendo muy popular en su país tras décadas de gobiernos corruptos que siguieron a la sangrienta guerra civil en el país, su detractores en Estados Unidos dicen que al concentrar el poder está debilitando instituciones ya endebles.
“El Salvador es una nación soberana y el presidente Bukele fue elegido de forma democrática. Él toma sus propias decisiones”, dijo el senador Patrick Leahy, presidente del Comité de Apropiaciones del Senado, en un largo comunicado. “Pero las decisiones que toman él y sus aliados en el congreso salvadoreño, que desguazan las instituciones civiles democráticas y dan poder a las fuerzas armadas, tienen consecuencias para las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador”.
El funcionario más destacado de la lista es la jefa de gabinete de Bukele, Carolina Recinos, que ha trabajado con el presidente desde que entró en política como alcalde de una pequeña localidad para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, creado por guerrillas izquierdistas tras la guerra civil. El reporte no daba detalles de las acusaciones contra Recinos.
También aparecía mencionado Rogelio Rivas, que el mes pasado fue sustituido como ministro de Seguridad y Justicia. El Departamento de Estado indicó que Rivas supuestamente otorgó a su empresa constructora varios contratos, que no fueron publicados con antelación y sin concurso de adjudicación, para construir comisarías y otros edificios que entraban en sus competencias, y después infló el coste de los materiales.
Otro señalado es el legislador Guillermo Gallegos, fundador del partido GANA que rompió el sistema bipartidista de El Salvador para apoyar la candidatura a la presidencia de Bukele en 2019.
En la lista también aparecen dos exparlamentarios del FMLN, Sigfrido Reyes y José Luis Merino, este último ex vicepresidente de Relaciones Exteriores en el gobierno que precedió al de Bukele. Catorce miembros del Congreso estadounidense, tanto demócratas como republicanos, escribieron cartas a los departamentos de Estado y del Tesoro en 2017 solicitando que Merino fuera investigado y sancionado por sus lazos con grupos criminales regionales.
La oficina de presidencia de El Salvador no respondió a una petición de comentarios de Bukele y dijo que Recinos no estaba disponible. Rivas no respondió a una petición de comentarios y no fue posible localizar a Merino.
Bukele, que ha acusado de Estados Unidos de prepotencia, respondió al reporte con ironía después de que el lunes circulara una copia del documento en medios sociales. Dijo estar sorprendido porque tras revisar sus archivos, los “amigos” de El Salvador no hubieran podido encontrar un caso de corrupción en el partido conservador ARENA, un blanco frecuente de sus críticas.
“Creen que todos son santos”, escribió en Twitter. “Por eso es que insisten que los regresemos al poder, por santos”.
Reyes, un rival de Bukele que ha huido a México tras ser acusado de cargos penales de corrupción en El Salvador por acciones en su época como legislador, describió las acusaciones como “infundadas y ridículas”.
El Departamento de Estado, afirmó en un tuit, “Con frecuencia le mienten al mundo, para conseguir sus objetivos. Hace 18 años juraban que Irak tenía armas de destrucción masiva. Todavía las están buscando!”.
Un portavoz del Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre un reporte que no es público, aunque dijo que la lucha contra la corrupción está en el centro de la estrategia del gobierno de Biden en los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, ya que la corrupción impide la gobernanza democrática, socava la seguridad y limita el crecimiento económico.
