Miembros de la comunidad hispana de Arlington estuvieron cara a cara con la alguacil del condado para exigir que la agencia del orden que lidera pare la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, (ICE, por sus siglas en inglés).
Fueron largas horas durante el viernes en las que varios miembros de la comunidad hispana que han sido presuntamente afectados por las rigurosas deportaciones de ICE, exigieron que acaben estas medidas que únicamente separan familias.
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“Somos seres humanos, merecemos que nos traten con respeto”, dijo un migrante.
A medida que los legisladores del condado Arlington se esfuerzan por abrir una brecha para fortalecer la confianza con los residentes inmigrantes, entran en juego dos grandes interrogantes - cuándo y cómo comparten información con los funcionarios federales de inmigración.
A pesar de que autoridades en el condado han señalado que es "inapropiado" utilizar sus recursos para detener o deportar a inmigrantes, activistas aseguran que se necesita ir más allá.
Por eso piden que se corte de una vez todos los lazos con ICE.
“Este es un seguimiento de nuestra campaña CAPA, que se logró pasar, pero no se optaron dos puntos que son importantes para nosotros: el que la policía y el departamento del sheriff terminen toda colaboración voluntaria con la migra o ICE y que acepten identificaciones de cualquier país”, explicó la activista Beatriz Batrés.
Local
Dentro de los testimonios de familias afectadas está el de Andrea Montoya, una inmigrante salvadoreña que relató cómo le ha tocado sufrir por partida doble tras la deportación de su esposo a El Salvador, teniendo que estar separada de él y ver la angustia y frustración de sus hijos quienes a diario añoran a su padre.
“Son muchas cosas que yo quisiera decir. Yo y mi esposo tenemos tres hijos americanos. Mi esposo fue deportado después de estar muchos años acá”, dijo Montoya. “No me siento feliz, sino que me siento enferma".
Las leyes federales y estatales requieren que Arlington trabaje o se comunique con las autoridades federales de ciertas maneras, como enviar las huellas dactilares de los reclusos a una base de datos federal que puede alertar a ICE si esa persona es indocumentada.
“Escuché sus inquietudes y experiencias. Algunas no tienen nada que ver con mi oficina. Nuestra política es si alguien comete algún acto delictivo, así sea un joven, es parte de nuestro código el actuar, tomar sus huellas dactilares y con eso se procede por ley a reportarle a las autoridades estatales y por ende llegan algunos casos hasta ICE”, sostuvo la Alguacil Beth Arthur.
Arthur al igual asegura que tiene que esperar respuesta por parte de los abogados de la oficina y ver qué solución podrían dar a todas estos miembros de la comunidad que afirman sufren la separación de sus familiares.
