Los primeros testigos en el juicio en Madrid por la matanza de los jesuitas españoles en El Salvador afirmaron este jueves que en el proceso celebrado en 1991 en el país centroamericano existía la opinión mayoritaria de "que no estaban sentados los autores intelectuales" de los asesinatos porque "hubo un pacto de silencio en el Ejército".
José Luis Navarro y Enrique Arnaldo, que declararon hoy, fueron los letrados de las Cortes españolas que acompañaron y redactaron los informes de las dos delegaciones parlamentarias españolas que se desplazaron a El Salvador, una en 1990 para apoyar el proceso de paz y la investigación en curso por la masacre de los jesuitas y la segunda en 1991 para asistir al juicio como observadores internacionales.
Sus testimonios en el juicio que se sigue en Madrid contra el excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, el único acusado en el proceso, describieron las "complicaciones", "presiones" y lo "parcial" que resultó tanto la instrucción como el juicio en el que se condenó a dos mandos intermedios a treinta años de cárcel y se absolvió de los asesinatos a otros siete militares, los supuestos autores materiales.
Sin embargo, los condenados cumplieron poca prisión, ya que el 1 de abril de 1993 salieron en libertad al aplicárseles la amnistía que entró en vigor ese mismo día.
Pero ante todo los letrados españoles destacaron en su declaración que ni durante la investigación ni en la vista de 1991 estuvieron presentes los autores intelectuales, que dieron la orden de asesinar a los jesuitas, entre ellos el español Ignacio Ellacuría, ideólogo de la Teología de la Liberación.
En noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva insurgente durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados ejecutó a cinco jesuitas españoles en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), además de a un sacerdote salvadoreño, a una empelada doméstica de la Universidad y a su hija.
Por esta masacre ahora se juzga en España a Montano, que se enfrenta a una pena de 150 años de prisión, según pide la fiscalía por su presunta participación en "la decisión, diseño o ejecución" de la matanza de cinco jesuitas españoles.
Local
"Había una opinión mayoritaria de las fuerzas políticas, sociales, sindicales y los jesuitas de que había unos autores intelectuales, incluso el juez Zamora (instructor y sentenciador) también lo dijo: que no estaban todos los que habían participado" y de que "hubo un pacto de silencio en el Ejército" para no seguir la investigación, afirmó Navarro ante el tribunal, al relatar su viaje en 1990 en el primer aniversario de la matanza.
Por su parte, Arnaldo recordó cómo se insistía en que "falta quien empujó y ordenó" los asesinatos. "Se habló de los autores pero no se manejaron nombres", señaló el letrado, a quien llamó la atención las cantidad de alusiones que escuchó sobre "los autores intelectuales".
Estas alusiones, dijo, no procedían solo de los jesuitas -como trató de probar insistentemente la defensa-, sino de diversos ámbitos políticos y sociales, aunque le sorprendió que, fuera de la sala, "nadie opinaba" sobre ello.
El testimonio de Arnaldo destacó la escenografía de aquel juicio, de apenas tres días, ya que no hubo interrogatorios a los acusados ni a testigos, ni por parte de la defensa ni de la acusación, la sala no podía ver al jurado y el veredicto fue "inmediato", apenas cuatro días después del comienzo del juicio.
Los testigos también señalaron la presión que había desde el exterior del juicio contra la presencia de los observadores internacionales, con manifestaciones incluidas, muy diferente a lo que ocurrió con el viaje del año anterior.
Ruiz Navarro recordó que en 1990 las autoridades "les brindaron todo tipo de facilidades, sin ninguna censura para hablar con militares, fuerzas políticas y sindicatos", si bien con el entonces presidente Alfredo Cristiani "no se habló del tema".
Sí que lo hicieron con el juez Zamora, que les dio cuenta de las "dificultades que tenía para investigar al Ejército" ya que entonces no existía policía judicial, sino que dependía de las Fuerzas Armadas y, por tanto, "aquello era complicado". También para la delegación española, pues el objetivo de su viaje era apoyar las negociaciones de paz, no investigar los crímenes.
