Cientos de prisioneros federales de la cárcel del Distrito de Columbia serán transferidos a un centro penitenciario en Pensilvania luego de que se les hallara en condiciones que no cumplían con los “estándares mínimos de confinamiento” establecidos a nivel federal, según anunció este martes el Servicio de los U.S. Marshals (USMS, por sus siglas en inglés).
El descubrimiento se hizo luego de que la agencia federal realizara una inspección no anunciada de las instalaciones del Departamento de Correcciones de D.C. (DC DOC), que actualmente alberga a decenas de acusados de participar en el asalto al Capitolio de EE.UU. el pasado 6 de enero y que enfrentan cargos en cortes federales de la capital y en Maryland.
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La pesquisa ocurre luego de que surgieran preocupaciones y denuncias sobre las condiciones en las que supuestamente estaban siendo retenidos los sospechosos de irrumpir en el edificio federal.
De acuerdo con el comunicado de U.S. Marshalls, la inspección, en la que se entrevistaron a 300 prisioneros y se revisaron las dos instalaciones del Departamento de Correcciones, se determinó que las condiciones en la Instalación de Tratamiento Correccional, (CTF, por sus siglas en inglés) donde están alojados 120 reos - incluyendo los supuestos asaltantes del Capitolio-, no ameritaban la transferencia de los reclusos.
Sin embargo, en cuanto a la Instalación Central de Detención (CDF), en la que residen unos 400 detenidos por USMS por cargos federales, no cumplía con los “estándares de confinamiento mínimos” prescritos por los Estándares Federales de Detención.
Los U.S. Marshals no especificaron en el comunicado en qué consistían los incumplimientos hallados. Pero, a partir de estos, USMS decidió remover a todos sus detenidos que estaban albergados en el CDF y enviarlos al USP Lewisburg, en el estado de Pensilvania. Adicionalmente, el Departamento de Correcciones de D.C. ha sido notificado sobre los hallazgos y se espera que trabaje con la agencia federal para "desarrollar un plan para corregir" los problemas detectados.
A mediados de octubre, un juez federal encontró que funcionarios correccionales de Washington, D.C. estaban “en desacato con el tribunal” en relación con el tratamiento médico que había recibido un acusado de participar en los disturbios en el Capitolio. En procedimientos judiciales, el magistrado alegó que los líderes de la cárcel no atendieron la mano fracturada de Worrell y tampoco respondieron rápidamente a las órdenes de la corte. Un doctor recomendó que Worrell se sometiera a cirugía por su fractura en junio, pero, hasta ese entonces, esta no había sucedido.
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