WASHINGTON (AP) — Una revisión al trato que reciben los jóvenes inmigrantes en un centro de detención de Virginia confirmó que la instalación utiliza técnicas de control que pueden incluir atar a los menores a una silla y cubrirles la cabeza con sacos.
Sin embargo, los investigadores concluyeron que el duro trato descrito por los inmigrantes en el Centro de Detención Juvenil Shenandoah no rebasa el umbral legal del estado para declararlo abuso o negligencia, de acuerdo con una copia de los hallazgos emitida el lunes por el Departamento de Justicia Juvenil de Virginia y obtenida por The Associated Press.
Las autoridades sí hicieron varias recomendaciones para mejorar las condiciones dentro de la instalación ubicada en las montañas cerca de la ciudad de Staunton, Virginia, incluido contratar más empleados bilingües, ampliar “la programación culturalmente relevante” y mejorar las revisiones para proporcionar cuidados a los detenidos que padecen problemas de salud mental.
El estado también indicó que los administradores deben sopesar adquirir muebles nuevos y pintar las paredes para hacer que la instalación _similar a una cárcel_ sea “más apropiada para el desarrollo”.
El gobernador de Virginia, el demócrata Ralph Northam, ordenó la pesquisa en junio, horas después de que la AP publicó los relatos de menores de edad de hasta 14 años que dijeron haber sido esposados, encadenados y golpeados en la instalación. También describieron que fueron desnudados y colocados en aislamiento, a veces amarrados a sillas con sacos sobre la cabeza.
Los investigadores estatales dijeron que no pudieron entrevistar a los jóvenes inmigrantes que hicieron declaraciones juradas en las que indicaron que sufrieron abusos graves. Aquellos que emitieron las primeras denuncias como parte de una demanda colectiva federal interpuesta en noviembre de 2017 fueron trasladados a otras instalaciones o deportados a sus países de origen luego de la resolución de sus casos de inmigración.
Northam emitió un comunicado en el que elogió la “inspección rápida y completa” efectuada por su gobierno.
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“Tomo estas acusaciones muy en serio y le encargué a los miembros de mi gobierno que revisaran inmediatamente esas denuncias de abuso y maltrato”, manifestó Northam. “La seguridad de cada niño detenido ahí es de suma importancia”.
El grupo activista que representa a los adolescentes latinos que demandaron a la instalación describió la revisión estatal como “profundamente deficiente”, y dijo que los investigadores nunca los contactaron ni les pidieron hablar con sus clientes.
“A los niños en esta instalación se les niega el cuidado de salud mental necesario y se les somete a condiciones abusivas”, indicó Jonathan Smith, director ejecutivo de la organización Washington Lawyers Committe for Civil Rights and Urban Affairs (Comité de Abogados de Washington para Asuntos Urbanos y de Derechos Civiles). “Esperamos probar nuestro caso en la corte”.
Los incidentes descritos en declaraciones juradas por parte de seis jóvenes hispanos supuestamente ocurrieron entre 2015 y 2018, bajo los gobiernos del expresidente Barack Obama y del actual mandatario Donald Trump.
Aunque los menores fueron encarcelados en instalaciones similares a una prisión, los que están detenidos bajo cargos administrativos de inmigración no han sido declarados culpables de ningún crimen. La Oficina de Reubicación de Refugiados supervisa el cuidado de los niños inmigrantes que están detenidos en instalaciones federales.
Tras el reporte de la AP en junio, los investigadores estatales interrogaron a 22 detenidos bajo custodia federal que se encuentran en la instalación de Shenandoah. Tres de ellos dijeron que el personal se había comportado abusivamente con ellos. De acuerdo con el informe estatal, los investigadores del servicio de protección infantil local revisaron las acusaciones y determinaron que “no concuerdan con la definición jurídica de abuso o negligencia”.
Los investigadores estatales solo tenían permitido entrevistar a los detenidos bajo custodia federal mientras un miembro del personal del centro de detención estaba en la habitación. También revisaron expedientes del caso, registros médicos y otros documentos que estaban en la instalación, pero tenían prohibido sacarles copias o tomar notas a mano.
Timothy Showalter, subdirector de Shenandoah, emitió un comunicado el lunes en el que se hablaba de los hallazgos del estado como una especie de exoneración.
“El informe confirma nuestra antigua dedicación a ser una instalación bien administrada que trata a nuestros residentes con respeto y dignidad”, se afirma en el texto.
