Salvadoreños marchan por el agua y recuerdan vía crucis de privatizaciones

San Salvador, 21 jun (EFE).- El fantasma de una nueva privatización en El Salvador llevó hoy a más de 800 sindicalistas a marchar, como han hecho miles de ciudadanos en las últimas semanas, para que el agua siga en poder del Estado y recordar el vía crucis que ha significado el paso de recursos estatales a manos privadas.

Este grupo de sindicalistas unieron sus voces para denunciar y rechazar la "estrategia" adoptada por cuatro partidos de derecha en el Congreso de negar con la boca su intención de privatizar el agua y que con sus acciones tratan de dejar en manos privadas su administración.

"Ese juego de palabras que tiene la derecha de decir que no nos va a privatizar el agua no lo creemos, porque los salvadoreños tenemos la amarga experiencia de las privatizaciones", dijo a periodistas Marielos de León, miembro de la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (Conphas).

Los sindicalistas marcharon por las zonas cercanas a la sede del Congreso con la intención de acercarse para que los diputados escucharan sus demandas, pero la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía cerró los principales accesos.

En cada una de las calles que llevan al Congreso los caminantes se detuvieron, como en un vía crucis de Semana Santa, para gritar sus consignas, ondear sus banderas y recordar como fueron aprobadas varias privatizaciones en el pasado por medio de estos "juegos de palabras".

La voz de León resonó en las paredes de los edificios de la capital salvadoreña y sus palabras recordaron a los cuatro presidentes de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que encabezaron las privatizaciones y otras reformas que secundó el Congreso, en el que tenía la mayoría de votos.

La mujer recordó que Alfredo Cristiani (1989-1994) privatizó la banca e invirtió dinero estatal para "sanear" este sector y lamentó que este dinero fue a dar a manos privadas y que el Estado se quedó sin acciones en los bancos comerciales.

"Don Cristiani nos resultó bien mentiroso", subrayó la sindicalista, quien también recordó a Armando Calderón Sol (1994-1999) por privatizar las pensiones bajo la excusa de que los empresarios "son más efectivos en la administración".

Apuntó que las diversas crisis que el país ha experimentado en este tema, como el impago de la deuda estatal en abril de 2017, fueron "por culpa de la privatización", que dejó "pensiones de hambre" a los jubilados.

Otra de las grandes reformas criticadas fue la aprobación de la Ley de Integración Monetaria durante la gestión de Francisco Flores (1999-2004), con la que circularía el dólar y el colón, pero que solo dejó la moneda estadounidense y a El Salvador a expensas de sus "depresiones".

"Don Tony Saca (Elías Antonio Saca) dijo que cuando su mandato terminara ya no habrían pobres en este país. ¿Y qué, creyó que nos íbamos a morir?, pues aquí estamos defendiendo el derecho que tenemos al agua", dijo la mujer.

Flores, fallecido en 2016, y Saca (2004-2009) son dos de los tres expresidentes salvadoreños procesados por delitos de corrupción por la supuesta apropiación de 15 millones de dólares de donaciones taiwanesas y la malversación de más de 300 millones, respectivamente.

"No queremos más privatizaciones, porque lo poco que nos queda es el recurso hídrico y no queremos que maten a los pobres de sed", añadió la activista, quien fue una de las personas que encabezaron la marcha.

Diversos sectores de la sociedad salvadoreña se han pronunciado en contra de una supuesta privatización del agua luego que diputados retomaran la discusión para aprobar una Ley General de Aguas.

El principal punto en discordia es la intención de los partidos de derecha de incluir a representantes de la empresa privada en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con un número de votos que, según las organizaciones, le darían el dominio del organismo.

Los partidos señalados son Arena, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN), que poseen los votos necesarios para aprobar la normativa y para superar un eventual veto presidencial.

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