WASHINGTON — La orden de un juez federal de Louisiana que restringe ampliamente las comunicaciones del poder ejecutivo con compañías de redes sociales podría generar “graves daños” al impedir al gobierno “realizar una vasta gama de acciones legales y responsables”, dijeron abogados de la administración Biden en una moción presentada el jueves ante una corte federal de apelaciones.
La solicitud para la suspensión de la orden fue la primera reacción sustancial del gobierno a un fallo emitido el 4 de julio por el juez federal Terry Doughty, en Monroe.
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Doughty, un conservador nombrado por el expresidente Donald Trump, emitió el martes un interdicto que impide a diversas agencias gubernamentales y funcionarios reunirse o tener comunicación con compañías de redes sociales para “alentar, apremiar o inducir en cualquier forma el retiro, eliminación, ocultamiento o reducción de contenido que contenga libre expresión protegida”.
La orden también prohíbe a las agencias y funcionarios presionar a las compañías de redes sociales para tratar de eliminar publicaciones, lo que plantea dudas sobre lo que los funcionarios pudieran incluso decir en foros públicos.
La orden de Doughty impide al gobierno adoptar tales medidas a la espera de la presentación de argumentos adicionales en la corte tras la demanda presentada por los fiscales generales de Missouri y Louisiana.
En su escrito presentado el jueves en la noche ante la Corte Federal para el Distrito Oeste de Louisiana, los fiscales encabezados por el vicefiscal general, Brian M. Boynton, describieron la orden como “ambigua”.
Dijeron que la orden podría impedir al gobierno de Biden “hablar de asuntos de interés público y trabajar con las compañías de redes sociales sobre iniciativas para impedir daños graves al pueblo estadounidense y a nuestros procesos democráticos”.
Agregaron que “estos daños inmediatos y continuos para el gobierno exceden cualquier peligro de perjuicio para los demandantes si se concediera la suspensión”.
Los detractores del fallo aseguran que éste podría obstaculizar los intentos de suprimir la desinformación en diversos temas, como salud y elecciones. Los partidarios del interdicto aseguran que éste impide que el gobierno censure ilegalmente puntos de vista.
