Una familia de California radicó una demanda contra el Departamento del Sheriff de Virginia que contrató a un agente que supuestamente extorsionó sexualmente y secuestró a punta de pistola a una niña de 15 años, mató a su madre y a sus abuelos y prendió fuego a su casa.
Austin Lee Edwards, de 28 años, se suicidó durante un tiroteo con las fuerzas del orden el 25 de noviembre, horas después de la violencia en Riverside, una ciudad a unas 50 millas (80 kilómetros) al sureste del centro de Los Ángeles. La adolescente fue rescatada.
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Edwards había sido contratado como ayudante del alguacil del condado de Washington en Virginia apenas nueve días antes de los asesinatos, a pesar de que una orden judicial de 2016 le prohibía comprar, poseer y transportar un arma de fuego. La orden judicial surgió de una detención psiquiátrica después de que Edwards se cortara y amenazara con matar a su padre.
La tía de la menor, Mychelle Blandin, y su hermana menor presentaron la demanda el jueves en un tribunal federal del Distrito Central de California contra la Oficina del Alguacil del condado de Washington y el patrimonio de Edwards.
El recurso legal argumenta que el departamento fue negligente al contratar a Edwards y busca daños y perjuicios a través de un juicio con jurado. La oficina del alguacil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Las autoridades han dicho que Edwards se había hecho pasar en línea por un chico de 17 años mientras se comunicaba con la adolescente, una forma de engaño conocida como "catfishing", y le pidió que le enviara fotos de ella desnuda.
La menor dejó de responder a sus mensajes, lo que llevó a Edwards a viajar por todo el país hasta su casa en California. La demanda alega que mostró su placa policial y su arma reglamentaria a Mark Winek y Sharon Winek, los abuelos de la niña, y dijo que era detective y que necesitaba interrogar a la familia.
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La demanda añade que Edwards degolló a la madre del adolescente, Brooke Winek, y trató de asfixiar a sus abuelos atándolos con bolsas en la cabeza. Al menos uno de ellos todavía se movía cuando prendió fuego a su casa, según el recurso legal.
Blandin dijo que los asesinatos "destruyeron a nuestra familia".
“Estoy presentando esta demanda porque mi familia quiere saber cómo contrataron a Edwards como ayudante del alguacil y le dieron un arma cuando los tribunales ordenaron expresamente que no podía poseer un arma de fuego”, dijo Blandin en un comunicado.
“Utilizó su posición como alguacil para acceder a la casa de mis padres, donde los mató a ellos y a mi hermana. Quiero que la Oficina del Sheriff del condado de Washington rinda cuentas por darle una placa y un arma a una persona mentalmente incapacitada”, agregó.
Edwards fue contratado por la Policía Estatal de Virginia en julio de 2021 y renunció nueve meses después. Luego fue contratado como diputado en el condado Washington el año pasado.
Los asesinatos (y su conexión con Virginia) llevaron al gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, a solicitar al inspector general del estado una “investigación completa”, que concluyó que un investigador de antecedentes de la policía estatal no había verificado la base de datos correcta que habría descubierto el caso la orden de salud mental.
Desde entonces, la policía estatal, que no figura como demandada en el caso, ha cambiado sus procesos de empleo y sus políticas y capacitación en investigación de antecedentes.
Un portavoz de la policía estatal no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves.
