Los compañeros de cuarto que demandaron el lunes a un condado de Maryland afirman que agentes de policía entraron ilegalmente a su apartamento sin una orden judicial, los detuvieron a punta de pistola sin justificación y dispararon innecesariamente a su perro, que quedó paralizado y finalmente fue sacrificado.
El perro, una mezcla de boxer llamado Hennessey, no atacó a los tres agentes que entraron al apartamento antes de que dos de ellos dispararan al animal con sus armas de fuego y el tercero le disparara una pistola paralizante, según la demanda federal.
El recurso judicial busca al menos $16 millones en daños y perjuicios por el encuentro del 2 de junio de 2021, que comenzó cuando agentes de policía del condado Prince George's respondieron a un informe de una mordedura de perro en un complejo de apartamentos donde vivían los cuatro demandantes. Lo que sucedió a continuación fue capturado en el video de la cámara corporal de la policía y del teléfono celular de un demandante.
Dos agentes fueron al apartamento de los demandantes para buscar a los perros presuntamente implicados en el incidente de mordedura. Un trabajador de mantenimiento le dio a la policía una llave maestra para ingresar al apartamento después de que nadie respondió a sus llamadas. El tercer oficial llegó mientras los otros oficiales entraban al apartamento con las armas en la mano.
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Dos de los demandantes estaban en su dormitorio cuando entraron los agentes. Uno de ellos gritó a través de la puerta que la policía no tenía derecho a estar allí, pero uno de los agentes dijo que no necesitaban una orden judicial porque tenían "causa probable", según la demanda.
La demanda afirma que los agentes entraron en pánico y dispararon sus armas contra el perro después de que éste siguió a uno de los demandantes fuera del dormitorio y se acercó a su dueña principal, Erica Umana.
Después del tiroteo, los agentes esposaron a los compañeros de habitación y los dejaron en vehículos policiales durante aproximadamente una hora antes de liberarlos.
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Los demandantes (Umaña, Erika Erazo Sánchez, Dayri Amaya Benítez y Brandon Cuevas) emitieron el recurso judicial contra el condado y los tres oficiales.
Umana le dijo al Washington Post en 2021 que había suplicado que alguien ayudara a su perro herido.
“Simplemente les estaba rogando, rogándoles”, explicó Umaña. "Simplemente no tenían ningún remordimiento".
El condado ofreció compensar a Umana por sus facturas veterinarias si aceptaba abstenerse de hablar públicamente sobre el tiroteo, pero ella rechazó la oferta, según su demanda.
La policía y los funcionarios del condado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las acusaciones de la demanda.
"Esta demanda es otro resultado trágico previsible de un sistema policial fallido y sesgado en el condado Prince George's, ante el cual los líderes del condado continuamente han hecho la vista gorda", dice la demanda.
La demanda alega que los tres agentes fueron puestos en licencia administrativa remunerada mientras el departamento investigaba el incidente. Un investigador del departamento acusó a dos de los agentes de “conducta impropia de un oficial” por entrar al apartamento sin una orden judicial, pero el tercer oficial fue absuelto de irregularidades, según la demanda.
El documento también acusa a los agentes de usar fuerza excesiva, arrestar falsamente a los demandantes y violar sus derechos constitucionales contra registros e incautaciones irrazonables.
William “Billy” Murphy Jr., abogado de los compañeros de cuarto, representó a la familia de Freddie Gray, un hombre negro cuya muerte bajo custodia policial en 2015 provocó disturbios y protestas en la ciudad de Baltimore. Murphy dijo que los agentes de policía del condado Prince George's demandados el lunes participaron en una “mala conducta escandalosamente flagrante”.
“Que esto suceda en 2021 es sorprendente”, dijo Murphy. “Está en el ADN de la fundación de Estados Unidos que no se puede hacer esto. No se puede conseguir la llave de la casa de alguien y entrar sin más sin obtener una orden de registro”.
La demanda afirma que ha habido un patrón de mala conducta policial durante décadas en el condado Prince George's. Cita una serie de incidentes en los que funcionarios del condado han sido acusados de uso excesivo de fuerza, incluido el asesinato en enero de 2020 de un hombre negro desarmado, William Green.
Green estaba esposado en un coche de policía cuando Michael Owen Jr., un veterano de 10 años en el departamento de policía, lo mató a tiros. Owen fue arrestado por un cargo de asesinato y su juicio comienza esta semana. El condado acordó un acuerdo de $20 millones con la familia de Green, que también estuvo representada por el bufete de abogados de Murphy.
Malcolm Ruff, un abogado que también representa a los demandantes, dijo que los agentes de policía del condado Prince George's "no tienen miedo de ser reprendidos y creen que se saldrán con la suya tratando a la gente como lo hicieron".
“Y eso se debe a la historia de cómo el condado Prince George's ha manejado las malas conductas durante décadas”, añadió Ruff.
