El miércoles, una jueza federal ordenó nuevamente al gobierno de Trump que proporcionara información sobre sus esfuerzos hasta la fecha, si los hubiera, para cumplir con su orden de regresar a Kilmar Abrego García de una prisión de El Salvador.
La jueza federal de distrito Paula Xinis, en Maryland, suspendió temporalmente su solicitud de información a petición del gobierno la semana pasada. Sin embargo, dado que la pausa de siete días expiraba a las 5 p. m., estableció como plazos de mayo para que los funcionarios presentaran testimonio jurado sobre cualquier medida que hubieran tomado para devolverlo a Estados Unidos.
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MIRA AQUÍ GRATIS Abrego García, de 29 años, lleva casi siete semanas encarcelado en su natal El Salvador, mientras que su deportación por error se ha convertido en un punto de conflicto para las políticas migratorias del presidente Donald Trump y su creciente fricción con los tribunales estadounidenses.
El presidente reconoció a ABC News el martes que podía llamar al presidente de El Salvador y lograr que Abrego García fuera deportado. Sin embargo, Trump insistió en sus afirmaciones de que Abrego García es miembro de la pandilla MS-13. “Y si fuera el caballero que usted dice ser, lo haría”, declaró Trump a Terry Moran, de ABC, en el Despacho Oval.
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SUSCRÍBETE La policía de Maryland identificó a Abrego García como miembro de la pandilla MS-13 en 2019 basándose en sus tatuajes, su sudadera con capucha de los Chicago Bulls y la palabra de un informante criminal. Sin embargo, Abrego García nunca fue acusado. Sus abogados afirman que el informante afirmó que pertenecía a una rama de la MS-13 en Nueva York, donde nunca ha residido.
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La identificación de la pandilla por parte de la policía local llevó al gobierno de Trump a expulsar a Abrego García en marzo a una infame prisión de El Salvador. Sin embargo, la deportación violó la orden de un juez de inmigración estadounidense de 2019 que lo protegía de ser enviado a El Salvador.
Abrego García había demostrado ante el tribunal de inmigración que probablemente enfrentaba persecución por parte de pandillas salvadoreñas locales que lo aterrorizaban a él y a su familia, según consta en registros judiciales. Huyó a Estados Unidos a los 16 años y vivió en Maryland durante unos 14 años, trabajando en la construcción, casándose y criando a sus tres hijos.
Xinis ordenó al gobierno de Trump que lo devolviera hace casi un mes, el 4 de abril. La Corte Suprema dictaminó el 10 de abril que el gobierno debía trabajar para traerlo de vuelta.
Pero el caso solo se agravó. Xinis arremetió contra un abogado del gobierno que no pudo explicar qué había hecho, si es que había hecho algo, el gobierno de Trump. Luego ordenó a los funcionarios que presentaran testimonio jurado y otra información para documentar sus esfuerzos.
El gobierno de Trump apeló. Pero un tribunal federal de apelaciones respaldó la orden de información de Xinis en un fallo contundente, declarando: "No microgestionaremos los esfuerzos de un excelente juez de distrito que intenta implementar la reciente decisión del Tribunal Supremo".
El gobierno de Trump se resistió, alegando que la información que Xinis buscaba involucraba secretos de estado protegidos y deliberaciones gubernamentales. A su vez, Xinis reprendió a los abogados del gobierno por ignorar sus órdenes y actuar de "mala fe".
