La aprobación de algunas legislaciones en estados como Texas, Georgia, Iowa y Oklahoma entre otros se enmarca en una situación migratoria compleja y un aparente sentimiento anti-inmigrante que ha caracterizado este año electoral.
Un estudio de la Universidad de California encontró que los niveles de angustia de los inmigrantes que han vivido en Estados Unidos cinco años o menos han incrementado en 140% debido al aumento de la retórica y las políticas antiinmigrantes.
Sin embargo, dos analistas dicen que no es tan probable ver una tendencia similar en el DMV.
A pesar de la oposición de la administración del Presidente Joe Biden, Texas causó polémica con la conocida SB4, la cual permite a los policías locales y estatales arrestar y deportar a inmigrantes sin estatus legal en el país.
Desde el año pasado, Florida implementó normas que prohíben, por ejemplo, transportar a personas sin documentos.
En Iowa, la Gobernadora Kim Reynolds firmó una ley que establece que los migrantes que tengan órdenes de deportación pendientes estarían cometiendo un delito y podrían ser penados con hasta dos años de cárcel.
En Georgia, las cárceles ahora deben revisar el estatus migratorio de los internos y presentar una solicitud para ayudar a aplicar la ley migratoria federal.
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Por su parte, en Oklahoma una legislación impone penas a quienes estén sin un estatus migratorio legal en el país.
Además, se espera que en los próximos días el gobernador de Carolina del Norte firme un proyecto de ley que permitirá a las autoridades locales detener a inmigrantes en cooperación con servicios migratorios.
Sin embargo, en cuanto a la región metropolitana, el analista político Edgar Aranda-Yanoc expresó: “De acuerdo a la configuración del gobierno de Virginia, el de Maryland y el de DC, es muy improbable que eso ocurra”.
“Los estados rojos son los que están pasando leyes antiinmigrantes”, agregó el analista político Walter Tejada. “Los estados azules son los que están buscando soluciones dignas que podamos seguir siendo el país de las oportunidades y del sueño americano”.
Ya que Virginia tiene un gobernador republicano, Glenn Youngkin, algunos se preguntan si podría promulgar un decreto ejecutivo sobre las personas sin documentos.
“Si un gobernador podría emitir algo ejecutivo pero la legislatura que tienen el chequeo y el balance podría eliminarlo y un próximo gobernador también”, dijo Tejada.
“También la situación de los activistas es bien fuerte en Virginia. Sabemos muy bien que eso ha sido un trabajo de años”, dijo Aranda-Yanoc.
Por eso, estos expertos le piden a la comunidad mantener la calma ante la ola de legislaciones antiinmigrantes que se están aprobando en otras partes del país.
