Gobierno de Trump considera que “jurisdicciones santuario” en DC infringen ley migratoria

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) ha notificado a más de 500 "jurisdicciones santuario" en todo el país que la administración Trump las considera una obstrucción a la aplicación de la ley migratoria, en un intento por aumentar la presión sobre las comunidades que, según cree, obstaculizan la agenda de deportaciones masivas del presidente.

El departamento publicó el jueves una lista de las jurisdicciones y afirmó que cada una recibirá una notificación formal si el gobierno considera que han incumplido y si se cree que infringen alguna ley penal federal. La lista se publicó en el sitio web del departamento.

"Estos políticos de las ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas del orden para proteger a los inmigrantes ilegales delincuentes violentos", declaró la secretaria del DHS, Kristi Noem, en un comunicado de prensa.

En el área de Washington DC la lista incluye:

• DC
• Condado Montgomery
• Condado Prince George's
• Cheverly
• College Park
• Greenbelt
• Takoma Park
• Condado Arlington
• Condado Fairfax
• Condado Prince William
• Alexandria
• Manassas

Líderes del área de Washington DC reaccionan a la lista

Telemundo 44 está dando seguimiento a las respuestas de los líderes a la lista. A continuación, se presentan algunos de sus comentarios hasta el momento:

DC: La alcaldesa Muriel Bowser confirmó en un evento el jueves que solicitó la derogación de una ley de 2020 que hace referencia a los santuarios. Afirmó que lo hizo porque es un término inapropiado.

"Nos complace colaborar con el Concejo para asegurarnos de que se incluyan las disposiciones allí reflejadas", señaló.

Alexandria: Un comunicado de la alcaldesa Alyia Gaskins emitido el jueves decía:

“Somos una comunidad guiada por la compasión, el estado de derecho y nuestro compromiso inquebrantable con el bienestar y la seguridad de todos nuestros residentes. No existe una definición universalmente aceptada ni legal de ciudad santuario. La acción de esta noche del gobierno federal ataca y caracteriza erróneamente a Alexandria, y desestima los principios fundamentales que constituyen el fundamento de nuestra democracia.

"Aquí en Alexandria, nos gobernamos con base en los hechos y nuestros valores. La ciudad de Alexandria se compromete a defender los derechos constitucionales y civiles de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Alexandria es, y siempre será, una ciudad acogedora. Estamos orgullosos de nuestra diversidad y, gracias a ella, somos más fuertes”, concluye el comunicado.

Condado Montgomery: El ejecutivo del condado, Marc Elrich, emitió un comunicado el jueves que decía, en parte: “No estamos violando la ley federal y no haremos cambios basados ​​en titulares políticos. El Condado de Montgomery siempre ha cooperado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en casos de delitos violentos, delitos graves y amenazas a la seguridad pública. Esa ha sido y sigue siendo nuestra política".

"La Orden Ejecutiva 135-19, que rige nuestra interacción con las autoridades federales de inmigración, ha sido revisada y ratificada legalmente por dos Fiscales Generales de Maryland —Brian Frosh y Anthony Brown— y la hemos seguido sistemáticamente. Ahora que estamos oficialmente en la lista, revisaremos cuidadosamente la explicación del gobierno federal sobre sus criterios, lo que solicita a las jurisdicciones que hagan y las consecuencias de su incumplimiento. Dicha revisión se realizará en consulta con nuestros líderes de seguridad pública, la Fiscalía del Condado, el Consejo del Condado, nuestros socios a nivel estatal —incluyendo la Fiscalía General y el Gobernador— y las jurisdicciones vecinas que también son objeto de esta medida”.

Lo que sabemos sobre la lista de jurisdicciones santuario

El gobierno de Trump ha criticado repetidamente a comunidades, estados y jurisdicciones que, según afirma, no están haciendo lo suficiente para ayudar a ICE en su intento de cumplir las promesas de campaña del presidente Donald Trump de expulsar a millones de personas que se encuentran en el país sin documentos.

La lista se compiló considerando diversos factores, como si las ciudades o localidades se identificaban como jurisdicciones santuario, su grado de cumplimiento con las autoridades federales encargadas de hacer cumplir las leyes de inmigración, si tenían restricciones para compartir información con las autoridades migratorias o si contaban con alguna protección legal para las personas que se encuentran en el país sin documentos, según el departamento.

Trump firmó una orden ejecutiva el 28 de abril que exige a la secretaria de Seguridad Nacional y a la fiscal general publicar una lista de estados y jurisdicciones locales que, a su juicio, obstruyen las leyes federales de inmigración. La lista se actualizará periódicamente.

Los departamentos y agencias federales, en colaboración con la Oficina de Administración y Presupuesto, se encargarían entonces de identificar subvenciones o contratos federales con los estados o jurisdicciones locales que el gobierno federal identificó como "jurisdicciones santuario" y de suspender o cancelar los fondos, según la orden ejecutiva.

Si se notifica a las "jurisdicciones santuario" y la administración Trump determina que "permanecen en desobediencia", la fiscal general y la secretario de Seguridad Nacional estarán facultadas para aplicar las "medidas legales y de cumplimiento" que consideren necesarias para obligarlas a cumplir.

¿Qué se considera una "ciudad santuario"?

No existe una definición específica ni legal de lo que constituye una "jurisdicción santuario". El término se utiliza a menudo para referirse a las agencias del orden público, estados o comunidades que no cooperan con las autoridades migratorias.

Algunas ciudades se resistieron tras verse incluidas en la lista.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, declaró en X que Baltimore "no es una ciudad santuario", señalando que Baltimore no controla las cárceles de la ciudad. Las cárceles son un área clave donde el ICE coopera con las autoridades policiales locales para poder ser notificado sobre la liberación de inmigrantes.

Sin embargo, Scott también afirmó que la ciudad no se disculpaba por ser una "ciudad acogedora" y que se estaba preparando para litigar, si fuera necesario, para proteger a la comunidad inmigrante de la ciudad y el dinero que recibe del gobierno federal.

"Somos mejores gracias a nuestros vecinos inmigrantes y no vamos a traicionarlos a esta administración", afirmó Scott.

El ICE aplica las leyes de inmigración en todo el país, pero a menudo solicita la ayuda de los estados y las autoridades locales para alertar a las autoridades federales sobre inmigrantes buscados para su deportación y retenerlos hasta que los agentes federales los detengan.

Una forma en que el gobierno busca obtener el apoyo estatal y local es mediante acuerdos 287(g) con las agencias locales del orden público. Estos acuerdos permiten a las agencias locales del orden público asumir algunas funciones de control migratorio y ampliar considerablemente las capacidades del ICE. El número de estos acuerdos se ha disparado en tan solo unos meses bajo la administración Trump.

El ICE cuenta con unos 6,000 agentes del orden público —una cifra que se ha mantenido prácticamente estable durante años— capaces de encontrar, arrestar y expulsar a los inmigrantes que tiene en la mira. Al apoyarse en las fuerzas del orden locales, se puede aumentar rápidamente la cantidad de personal disponible para ayudar a implementar la agenda de deportaciones masivas de Trump.

Las comunidades que no cooperan con el ICE a menudo afirman que lo hacen porque así los inmigrantes se sienten más seguros al denunciar si son testigos o víctimas de un delito. Argumentan que la aplicación de la ley migratoria es una tarea federal y que deben destinar sus limitados recursos a la lucha contra la delincuencia.

“Las políticas santuario son legales y nos brindan mayor seguridad a todos”, explicó una coalición de funcionarios locales de todo el país y una organización sin fines de lucro llamada Public Rights Project en un comunicado el jueves. Afirmaron que la lista era una táctica de miedo diseñada para intimidar a los gobiernos locales y obligarlos a cooperar con el ICE.

El gobierno de Trump ya ha tomado varias medidas dirigidas a los estados y comunidades que no cooperan con el ICE, y se ha encontrado con resistencia en los tribunales. Una orden ejecutiva emitida por Trump ordena a la fiscal general y a la secretaria de seguridad nacional retener fondos federales de las jurisdicciones santuario.

Otra ordena a las agencias federales garantizar que los pagos a los gobiernos estatales y locales no “favorezcan las llamadas políticas de ‘santuario’ que buscan proteger a los inmigrantes ilegales de la deportación”.