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Biden firma una orden ejecutiva para promover la justicia ambiental

La medida, entre otras cosas, crea la Oficina de Justicia Ambiental en la Casa Blanca.

El presidente Joe Biden firmó la orden ejecutiva este viernes en la Casa Blanca.
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El presidente Joe Biden firmó el viernes una orden ejecutiva que crea la Oficina de Justicia Ambiental en la Casa Blanca y haría de la “justicia ambiental” la misión de las agencias federales.

"Ayer tuve una importante reunión en Zoom con los principales líderes del mundo para ayudar a los países más pobres a enfrentar el impacto del cambio climático y anuncié que le pediría al Congreso $500 millones para proteger el Amazonas", dijo Biden durante el acto realizado en la Casa Blanca este viernes.

"Pero los republicanos quieren revocar las previsiones de cambio climático en la Ley de Reducción. Y prefieren amenazar con poner en riesgo la economía estadounidense y quitar $30,000 millones en subsidios de contribuyentes", añadió el presidente.

El gobierno de Joe Biden quiere asegurarse de que la pobreza, la raza y el estatus étnico no conduzcan a una mayor exposición a la contaminación y al daño ambiental. Biden está tratando de establecer un contraste entre su agenda y la del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy.

Los legisladores republicanos han pedido menos regulación de la producción de petróleo para reducir los precios de la energía, mientras que el gobierno de Biden dice que las políticas republicanas beneficiarían a las compañías petroleras altamente rentables y entregarían el sector de energía renovable a los chinos.

La orden les permitirá a las agencias del gobierno que usen datos e investigaciones científicas para comprender cómo la contaminación afecta la salud de las personas, de modo que se pueda trabajar para limitar cualquier daño. También formaliza la creación de la Oficina de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, que ayudará a coordinar los esfuerzos en todo el gobierno.

Según la orden, las agencias ejecutivas deberán informar a las comunidades cercanas si se liberan sustancias tóxicas de una instalación federal.

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