WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes un puñado de casos relacionados con las elecciones presidenciales de 2020, incluidas unas disputas de Pensilvania que habían causado una profunda división entre los magistrados poco antes de los comicios.
Los casos que los magistrados rechazaron involucraban impugnaciones electorales presentadas por el expresidente Donald Trump y sus socios en cinco estados en los que ganó el presidente Joe Biden: Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.
Con excepción de las dos disputas de Pensilvania, la decisión de los magistrados de no escuchar los casos no fue sorprendente, aunque pone fin a meses de disputas legales.
El máximo tribunal estadounidense no había emprendido ninguna acción en esos casos, y en enero había rechazado las peticiones de que se acelerara el proceso de los casos, de nuevo dando indicios de que los magistrados no estaban interesados en atenderlos.
Sin embargo, algunos de los jueces se mostraron muy críticos con la decisión de la corte de no atender dos casos de Pensilvania que habían sido particularmente polémicos en el estado.
Los casos involucraban una apelación a una decisión de la Corte Suprema de Pensilvania que exigía a los funcionarios electorales recibir y contabilizar los votos enviados por correo que llegaran hasta tres días después de las elecciones.
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Tres de los nueve magistrados dijeron que habrían escuchado el caso, que no habría afectado el resultado de los comicios.
El juez Clarence Thomas señaló que los casos eran la “oportunidad perfecta” para abordar una importante pregunta sobre si los legisladores o las cortes estatales tienen la última palabra sobre la forma en la que se llevan a cabo las elecciones federales.
Y comentó que era “desconcertante” e “inexplicable” que sus colegas rechazaran intervenir.
“No pudimos resolver esta disputa antes de las elecciones, y, por ende, proporcionar reglas claras. Ahora, de nuevo no brindamos reglas claras para las futuras elecciones. La decisión de dejar la ley electoral oculta bajo un manto de dudas es desconcertante. Al no hacer nada, invitamos a que haya una mayor confusión y erosión de la confianza de los votantes”, escribió el magistrado.
Thomas mencionó la expansión del voto por correo como otra razón para tomar el caso y señaló que “el fraude es más frecuente con los votos enviados por correo”. Trump había hecho afirmaciones de un fraude masivo en el uso generalizado de los votos por correo a causa de la pandemia de coronavirus, pero las cortes no han encontrado pruebas que fundamenten esas afirmaciones.
Por su parte, los legisladores de Pensilvania modificaron las leyes electorales del estado en respuesta a la pandemia, pero dejaron en vigor el plazo del 3 de noviembre para recibir votos enviados por correo.
Los demócratas interpusieron una demanda, y el máximo tribunal de Pensilvania citó la pandemia de coronavirus en curso y las demoras que sufría el Servicio Postal del país para ampliar el periodo para recibir votos por correo.
Los republicanos habían pedido a la Corte Suprema federal que suspendiera esa extensión antes de las elecciones.
Pero en octubre, luego del deceso de la magistrada Ruth Bader Ginsburg y antes de que la jueza Amy Coney Barrett fuera confirmada para el puesto, los jueces votaron 4-4 sobre el tema, manteniendo en vigor la prórroga de tres días para seguir recibiendo votos.
En la práctica, sin embargo, debido al juicio en curso, esas papeletas que llegaron tarde fueron separadas y aún no han sido contadas.
El estado ha dicho que, finalmente, se recibieron menos de 10,000 boletas durante esos tres días. Ese pequeño número de papeletas no habría alterado el resultado de las elecciones presidenciales en el estado, que Trump perdió por unos 80,000 votos.
Los funcionarios de Pensilvania habían argumentado que el caso era irrelevante porque los resultados de las elecciones del estado ya habían sido certificados.
Los republicanos argumentaron que los jueces debían tomar el caso para proporcionar orientación para futuras elecciones. Además de Thomas, otros dos jueces —Samuel Alito y Neil Gorsuch— concordaron con este último argumento.
