Maryland

Acusado de abuso sexual conservó trabajo en guardería de DC

Un profesor asistente que fue arrestado por abusar sexualmente de una estudiante de 8 años tenía un historial de acusaciones de mal comportamiento, y aun así conservó su trabajo por años, según revela una investigación del News4 I-Team, de nuestra estación hermana NBC Washington.

Esas acusaciones no fueron reportadas de forma apropiada a las autoridades, de acuerdo con una inspección interna del gobierno de D.C.

Juan Arturo Pérez, un instructor en el programa de guardería de CentroNía, localizado en el noroeste de Washington, se declaró culpable de agredir sexualmente a una niña en el 2018. Un análisis del I-Team del caso de Pérez y las revisiones de guarderías de la capital muestran que Pérez tenía antecedentes y que el CentroNía no notificó a la Policía sobre estos y otros incidentes de conducta inapropiada en sus instalaciones por parte de diferentes empleados.

CentroNía, que sirve a cientos de estudiantes en establecimientos en el Distrito y en Maryland, admitió en una entrevista con el I-Team errores que pudieron haber prevenido el caso de abuso del 2018.

“La conclusión es que fallamos en esa instancia”, dijo la presidenta de CentroNía, Myrna Peralta.

Una inspección de CentroNía realizada en julio de 2018 por la Oficina del Superintendente de Educación de D.C. (OSSE) indicaba que Pérez fue citado por “conducta inapropiada” en el centro en el 2004, cuando una notificación de medidas correctivas fue puesta en su expediente. En la forma, se indicaba que Pérez sería despedido si ocurría otro incidente. La inspección también encontró que Pérez fue acusado más tarde, en el 2015, de abusar sexualmente de un menor y fue suspendido. Según la revisión, Pérez fue acusado de tocar los senos de una niña, de ser excesivamente cariñoso y de “rogarle a uno de los padres [de la menor] que la dejaran pasar el fin de semana a solas con él”, durante el presunto incidente del 2015. Tiempo después se le permitió regresar a su trabajo en el centro de cuidado infantil.

La inspección de OSSE indica que no había un récord que sugería que CentroNía notificó a las autoridades sobre sus casos de mala conducta en 2004 o 2015.

Peralta dijo que CentroNía condujo una investigación interna sobre las acusaciones del 2015 y agregó que no encontraron razón para pensar “que había sido un acto intencional”. Pero Peralta reconoce que Pérez regresó a su trabajo y que la organización no notificó a las autoridades, como lo requiere la ley.

CentroNía informó a los padres sobre el arresto de Pérez en el 2018 a través de una carta.

Los defensores de la seguridad de menores señalaron que CentroNía y cualquiera de los empleados que sospecharon del abuso fallaron en seguir la ley de Washington al no reportar a las autoridades las acusaciones de conducta inapropiada.

“Es un crimen”, dijo el director ejecutivo de la organización Baltimore Child Abuse, Adam Rosenberg. “El no reportar (si se sospecha abuso a menores) en Washington D.C. conlleva una pena máxima de 180 días en prisión o una multa de $3000”.

OSSE dijo que refirió las posibles violaciones de las leyes a la oficina del fiscal general de D.C. Una portavoz del fiscal Karl Racine rechazó comentar sobre si se está llevando una investigación.

Un segundo empleado fue acusado de abusar sexualmente de una alumna en el 2017, de acuerdo con la inspección de OSSE, que señala que CentroNía también falló en registrar de forma apropiada los detalles del caso y no les notificó a las autoridades hasta 12 días del presunto incidente. El caso fue eventualmente abandonado por los Servicios de Menores y Familia, según la inspección, porque la familia retiró al menor del centro y decidió no perseguirlo.

Pero, la inspección de OSSE apunta que el caso muestra “el impacto de no mantener un buen registro”. “No había documentación en el archivo del empleado para informar al nuevo director del centro o a un gerente sobre la investigación de abuso sexual a menores”. Ese mismo trabajador fue más tarde acusado de “conducta inapropiada” con un niño en el 2018.

La indagación de OSSE también citó otros seis casos menos severos de conducta inapropiada de empleados que no fue reportada a las autoridades de D.C., incluyendo trabajadores que dejaban a los niños sin supervisión o “agarraron a los niños por sus hombros y los ponían agresivamente en otra área”. En todos los seis casos, que supuestamente se dieron entre diciembre de 2016 y abril de 2018, los empleados involucrados conservaron sus trabajos.

CentroNía dijo que algunos de esos trabajadores fueron poco después despedidos.

Según la inspección, el OSSE requería que CentroNía les notificara a los padres sobre las acciones del gobierno de D.C. La agencia también le proporcionó a CentroNía una notificación que indicaba su intención de revocar la licencia de la guardería si no tomaban las medidas correctivas necesarias e indicadas por la ley.

The OSSE ordenó una restricción en las operaciones del CentroNía a finales de 2018. Se le prohibió a la guardería matricular a nuevos estudiantes por unos 45 días.

Datos de la agencia muestran que CentroNía completó las acciones correctivas ordenadas por el gobierno de D.C.

CentroNía tiene una lista de espera de unos 400 puestos en sus instalaciones en D.C. OSSE no respondió a preguntas específicas sobre la inspección de CentroNía pero le proveyó una declaración escrita al I-Team. En el comunicado, un vocero de OSSE dijo en inglés que “basado en la investigación, OSSE emitió unas acciones que incluia un plan de acción correccional detallado dirigido a asegurarse que CentroNía sea capaz de prevenir que cualquier incidente de esta naturaleza pase otra vez y le requirió al CentroNía que notifique a las familias sobre el incidente y las acciones que ha tomado.”

“El caso de Pérez nos cambió fundamentalmente”, dijo Peralta, quien agregó que al menos seis empleados perdieron sus trabajos a raíz de los hallazgos de la investigación de OSSE. Ella añadió que la organización ordenó un entrenamiento para todos sus empleados, incluyendo el personal administrativo. CentroNía también instaló unas 200 cámaras para incrementar la visibilidad en sus complejos y monitorear la actividad entre los niños y el personal, contó Peralta.

El centro de cuidado también contrató una persona que se encarga específicamente de supervisar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones.

Pérez se declaró culpable de abuso sexual en segundo grado y pasó seis meses tras las rejas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo que el hombre enfrenta ahora un proceso de deportación.

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