ANNAPOLIS, Maryland — El gobernador de Maryland, Wes Moore, promulgó medidas de control de armas el martes, y la Asociación Nacional del Rifle rápidamente presentó una demanda federal en su contra.
El gobernador firmó la legislación aprobada por los legisladores estatales este año en respuesta a un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
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La decisión del tribunal superior en New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen el año pasado puso fin a un requisito similar a una ley de Maryland para que las personas demuestren una necesidad particular de obtener una licencia para portar un arma oculta en público.
Una de las medidas que Moore firmó el martes elimina el lenguaje de "razón buena y sustancial" de la ley de Maryland que el tribunal consideró inconstitucional en el caso Bruen. Pero la Asamblea General de Maryland, controlada por los demócratas, también endureció las leyes de armas para evitar que alguien porte un arma oculta en ciertas áreas.
“La violencia armada está destrozando el tejido de nuestras comunidades, no solo a través de los tiroteos masivos, sino también a través de los tiroteos que ocurren en cada una de nuestras comunidades con demasiada frecuencia”, expresó Moore en una ceremonia de firma de la pieza legislativa.
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Moore dijo que las medidas que promulgó demuestran que el estado no retrocederá ante los desafíos de abordar la violencia armada que azota a la nación.
“En Maryland, nos negamos a decir que estos problemas son demasiado grandes o demasiado difíciles”, agregó. “Actuaremos, y eso es exactamente lo que representa hoy”.
Uno de los proyectos de ley firmados por el gobernador generalmente prohíbe que una persona use, porte o transporte un arma en un “área para niños o adultos vulnerables”, como una escuela o un centro de atención médica. La nueva ley, que entra en vigencia el 1 de octubre, también prohíbe que una persona porte un arma de fuego en un "área de infraestructura pública o gubernamental" o un "área de propósito especial", que se define como un lugar con licencia para vender alcohol, cannabis, un estadio, museo, hipódromo o casino.
La legislación también prohíbe que una persona que porte un arma de fuego ingrese a la casa o propiedad de alguien, a menos que el propietario haya dado permiso. Hay exenciones para las fuerzas del orden, los guardias de seguridad y los miembros de las fuerzas armadas.
La NRA sostiene en su demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los EEUU en Maryland que el estado aprobó la medida “en desafío a” los fallos judiciales de que su ley que permite el porte de armas era inconstitucional.
“A través de estos proyectos de ley, Maryland reemplazó un régimen de licencias descaradamente inconstitucional con otro régimen de licencias descaradamente inconstitucional”, argumentó la NRA.
¿CUÁLES SON LAS NUEVAS RESTRICCIONES?
Una medida separada firmada por el gobernador cambia y amplía los requisitos y procedimientos relacionados con la emisión y renovación de un permiso para usar, portar o transportar un arma de fuego.
Si bien deroga el requisito de "razón buena y sustancial" anulado por la Corte Suprema, eleva la edad para calificar para un permiso de armas de fuego de 18 a 21 años, lo que ha sido objeto de impugnación judicial en otras partes del país.
También prohíbe un permiso para alguien que está en libertad condicional supervisada por un delito punible con hasta un año o más de prisión, una persona condenada por conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia, y personas que violan una orden de protección.
Las personas con una enfermedad mental que tengan antecedentes de comportamiento violento también tendrían prohibido portar un arma, así como las personas que hayan sido ingresadas involuntariamente durante más de 30 días en un centro de salud mental.
La nueva ley también modifica los requisitos para un curso de capacitación en armas de fuego. Por ejemplo, especifica que las 16 horas de instrucción presencial para las solicitudes iniciales incluyen leyes relacionadas con la autodefensa, el almacenamiento seguro y las circunstancias en las que se prohíbe a una persona poseer un arma de fuego.
La ley aumenta la tarifa para una solicitud inicial de un permiso de armas de fuego de $75 a $125. La tarifa de renovación o solicitud subsiguiente de un permiso de armas de fuego aumenta de $50 a $75, y la tarifa de un permiso de armas de fuego duplicado o modificado pasaría de $10 a $20.
El gobernador también promulgó otro proyecto de ley que fortalece los requisitos de almacenamiento de armas de fuego. Según la ley, una persona no puede almacenar un arma de fuego cargada en un lugar donde la persona sabía o debería haber sabido que un menor sin supervisión tiene acceso a un arma.
Se conoce como la Ley de Jaelynn. La ley lleva el nombre de Jaelynn Willey, de 16 años, quien fue asesinada en 2018 en Great Mills High School por un estudiante de 17 años que usó el arma de su padre.
