MARYLAND - El condado Prince George’s ha llegado a un acuerdo sobre una demanda presentada por oficiales negros y latinos, en el que alegaban discriminación racial, represalias y prácticas de ascensos injustas dentro del departamento de policía de la jurisdicción.
El acuerdo fue alcanzado este fin de semana tras una batalla de dos años y medio y más de $17 millones desembolsados por la administración de la ejecutiva del condado Angela Alsobrooks.
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La mayoría de los fondos fueron usados para los honorarios legales de Venable LLP, una firma de abogados privada contratada por el condado para defenderlo en el litigio.
Legisladores, activistas comunitarios y residentes urgieron a Alsobrooks que resolviera la demanda, e incluso iniciaron una petición recientemente.
Nuestra estación hermana NBC Washington fue la primera en reportar sobre la demanda cuando fue presentada en diciembre de 2018. En esta, se detallan prácticas internas que supuestamente permitieron el avance injusto de oficiales blancos y medidas disciplinarias más fuertes para los agentes pertenecientes a grupos minoritarios.
El juez federal Theodore Chuang ordenó en abril un paro y reforma masiva al proceso de promociones en el departamento de policía.
“PGCPD ha estado al tanto de las disparidades significativas en las tasas de ascenso en base a la raza desde al menos el 2012 y ha hecho prácticamente nada para abordarlas. Aún cuando en el 2017 un panel identificó problemas específicos que podían ser examinados para abordar el impacto adverso del proceso de ascenso, [el departamento] no hizo nada”, dijo Chuang.
La abogada del condado, Rhonda Weaver, difirió con el juez y emitió un comunicado ese abril afirmando que el sistema de promociones era justo, diciendo en parte que “el condado y el departamento están comprometidos para garantizar que su sistema de promoción desarrollado profesionalmente continúe resultando en la promoción de los oficiales mejores calificados - de todas las razas, grupos étnicos y orígenes”.
De acuerdo con el grupo ACLU de Maryland, el acuerdo incluye cambios de políticas para acabar con sesgos en la vigilancia policial, mayor disciplina para los oficiales que comenten actos racistas contra otros agentes o miembros de la comunidad y poder fin a la discriminación y represalias contra los oficiales negros y latinos que desafían el abuso policial.
Un reporte incluido en la semana detallaba actos de presunto racismo y represalias así como falta de supervisión dentro del departamento. El exjefe de la policía Hank Stawinski dejó el cargo luego de que una versión censurada del reporte se hiciera pública.
Cuando finalmente se publicó la versión no censurada del reporte, la excomandante de asuntos internos Kathleen Mills se retiró. Cuando otro incidente de oficiales blancos tomando represalias contra uniformados negros que hablaron sobre el ambiente dentro de departamento se hizo público, Alsobrooks pidió al jefe para la seguridad pública del departamento Mark McGaw que renunciara. Todos estos funcionarios son mencionados entre los demandados en el litigio.
Mientras el condado peleaba esta demanda, Alsobrooks hizo llamados para una reforma policial. Un grupo de trabajo recomendó 50 cambios en un esfuerzo por cambiar las prácticas policiales en el condado. Una búsqueda nacional terminó en la contratación de un nuevo jefe, Malik Aziz, de Dallas. Alsobrooks dijo que el departamento se beneficiaria de un nuevo liderazgo.
El teniente Thomas Boone de la policía del condado de Prince George’s, quien es el presidente de United Black Police Officers Association, dijo en un comunicado, “Estoy satisfecho que todos los principales miembros que fueron un problema particular se han ido y este nuevo jefe provee la oportunidad de cambio. Este es un paso importante, pero el trabajo no ha acabado”.
El capitán retirado de la policía del condado Joe Perez, quien lidera Hispanic National Law Enforcement Association, dijo, “Este acuerdo con todos los cambios de política dice mucho. Personas han perdido su trabajo, algunos despedidos, algunos forzados afuera, y miembros de la comunidad han muerto. es mi esperanza que todos nuestros sacrificios personales llevarán a cambios positivos para los oficiales y para la comunidad que sirven, para que todo el mundo pueda ser tratado con dignidad y respeto.
Como parte del acuerdo, habrá vigilancia adicional para garantizar que el departamento esté en conformidad con los nuevos mandatos, de acuerdo con un comunicado de ACLU de Maryland.
