La comisión legislativa que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos ha estado intensificando sus gestiones en días recientes y convocando a declarar a una veintena de individuos, entre ellos cuatro allegados del entonces presidente Donald Trump.
Los integrantes del panel han dejado en claro que quieren avanzar rápidamente en la recaudación de testimonios y documentos relacionados con el ataque. Uno de los testigos, Steve Bannon, podría ser acusado penalmente de desacato al ignorar la citación de la comisión.
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La AP explica en qué consiste la investigación, cuáles fueron sus causas y cuáles serán sus posibles consecuencias.
¿QUÉ SE ESTÁ INVESTIGANDO?
A diferencia de otras pesquisas de la era Trump — como la de sus relaciones con Rusia o la que llevó a su “impeachment” por sus presiones a Ucrania — los hechos fundamentales del 6 de enero son conocidos. Un grupo de fanáticos de Trump, animados por sus falsedades sobre fraude electoral, agredieron brutalmente a los guardias e irrumpieron a la fuerza en el Capitolio con el designio de impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.
Sin embargo, perduran algunas incógnitas, y los legisladores están decididos a destapar y todos los hechos y deshilvanar sus razones a fin de evitar que algo así vuelva a suceder.
La comisión está indagando en todos los aspectos de la insurrección, incluso qué estaba haciendo Trump ese día y qué lazos hubo entre la Casa Blanca y la turba de ultraderechistas que invadió el palacio legislativo.
También está en la mira el financiamiento de la concentración convocada justo antes del alzamiento.
“La mayor incógnita es, ¿cuál fue la participación del presidente? ¿cuál fue la participación del personal de la Casa Blanca? ¿qué sabía el presidente sobre quiénes iban a acudir a esta concentración? ¿y qué hizo cuando se enteró?”, declaró el representante Adam Schiff, titular de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja y miembro del panel que investiga el 6 de enero.
“Hay una gran cantidad de preguntas sin respuesta”, añadió Schiff al canal C-SPAN.
Las denuncias de Trump sobre fraude electoral han sido refutadas repetidamente, por jueces, funcionarios electorales e incluso su propio secretario de justicia, William Barr. Ningún caso ha ascendido a un nivel en que pudiera cambiar el resultado de los comicios.
UNA INVESTIGACIÓN AMPLIA
Otro objetivo de la investigación es saber por qué la Policía del Capitolio -- al igual que las policías federales, estatales y locales -- estaban tan mal preparadas para la insurrección y si fue adecuada la respuesta policial una vez iniciado el estallido de violencia.
Otro tema es el rol de las compañías tecnológicas, como los mensajes colocados por elementos de extrema derecha en Facebook y Twitter.
La semana pasada, los integrantes de la comisión dieron un indicio de que estaban ampliando la averiguación cuando llamaron a declarar a Jeffrey Clark, exabogado del Departamento de Justicia que pasó a ser aliado de Trump. Los pedidos de que Clark declare y entregue documentos revelan que parte de la investigación se centrará en el caos reinante en el Departamento de Justicia cuando Trump y sus aliados intentaron politizar ese despacho y presionar a sus empleados para que justifiquen las denuncias de fraude electoral.
La comisión se valdrá de otros estudios simultáneos, como por ejemplo los procesos judiciales lanzados por el Departamento de Justicia a más de individuos que participaron en el alzamiento. Sin embargo, al final, el reporte de la comisión legislativa será un documento aparte.
¿QUÉ PODERES TIENE EL PANEL LEGISLATIVO?
Por ahora, la comisión está realizando interrogatorios a puerta cerrada y no audiencias públicas, en su intento de pintar un cuadro representativo de lo que ocurrió ese día y quiénes fueron los responsables.
Pero eso no es siempre fácil, especialmente cuando se trata de allegados de Trump quienes durante se presidencia se dieron cuenta de que no hay repercusiones para quienes desacaten al Congreso.
La comisión tiene la autoridad para emitir citaciones e incluso para acusar a desacato a quien las ignore. Eso ocurrirá esta semana cuando el panel decidirá sobre acusar de desacato a Bannon por negarse a declarar.
La cámara en pleno entonces tendría que votar para decidir si entregar la recomendación al Departamento de Justicia, que tendría entonces que decidir si procesar penalmente a ese individuo. Biden ha dicho que prefiere que el departamento avance con dicho proceso, pero el secretario de Justicia Merrick Garland no indicado cuál será su decisión.
¿QUÉ VIENE AHORA?
La comisión investigadora hasta ahora ha llamado a declarar a 19 personas y está abocada a escrutar miles de documentos.
Aparte de Bannon, los integrantes del panel han indicado que “nos estamos comunicando” con otros dos exfuncionarios del gobierno de Trump: el exjefe de despacho de la Casa Blanca Mark Meadows y el exfuncionario de defensa Kashyap Patel. Habrá que ver si Dan Scavino, quien fue director de redes sociales para Trump, cooperará con la investigación.
De las citaciones para declarar, 13 fueron para funcionarios que ayudaron a planificar los eventos previos a la violencia, incluso la concentración ese mismo día en que Trump arengó a sus partidarios a “darles con todo”.
Dichos individuos han sido citados a declarar en sesiones individuales, programadas para entre fines de octubre e inicios de noviembre.
Aparte de ello, la comisión está siendo asistida por el gobierno actual de Joe Biden, que está entregando datos y documentos. Biden rechazó el reclamo de Trump de dejar los documentos en reserva por privilegio ejecutivo y se estima que serán entregados al Congreso a mediados de noviembre.
Por ahora no se sabe cuándo la comisión concluirá sus indagaciones y entregará su reporte definitivo.
