Un grupo de 1.046 militares fueron incorporados este lunes a un plan de seguridad contra las pandillas, con lo que suman más de 10.000 miembros de la Fuerza Armada desplegados en todo El Salvador, de los 20.200 soldados activos.
El presidente Nayib Bukele anunció la incorporación de los militares en las tareas de seguridad, como parte de la cuarta fase del Plan Control Territorial y para apoyar a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
"El día de mañana veremos el resultado de estos 1.046 hombres y mujeres que se suman a la Fuerza Armada, que estarán patrullando nuestras calles, abordando las unidades del transporte colectivo, en las paradas de (auto)buses, en los centros históricos y dándole seguridad a nuestra población", dijo el mandatario.
Bukele, quien se retiró del lugar sin dar declaraciones a la prensa, señaló que la cuarta fase del plan de seguridad se denomina "duplicar" y que llevará "cinco años en implementarse totalmente".
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Explicó que "cada quince semanas se incorporarán otros 1.000" elementos castrenses para, en cinco años, "contar con más de 40.000 militares".
"Este proyecto, la fase cuatro que duplicará el número de la Fuerza Armada, nos garantizará tener suficiente capital humano para poder vencer a las pandillas en sus territorios", apuntó.
Los militares que se incorporan hoy al Plan Control Territorial cursaron el Programa de Adiestramiento Regular de la Fuerza Armada, el cual duró 15 semanas y en el que los militares "adquirieron las destrezas necesarias para apoyar esta estrategia", informó la Presidencia.
Local
El Plan Control Territorial fue lanzado en junio de 2019 y la primera y parte de la segunda fase, según el mandatario salvadoreño, fueron financiadas con recursos propios del Gobierno, por lo que para continuar con la segunda y tercera etapa el Ejecutivo solicitó un préstamo de 109 millones de dólares.
El dinero, que debió ser aprobado por la pasada legislatura, fue otorgado en octubre de 2019 por Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y fue recientemente avalado por el nuevo Congreso de amplia mayoría oficialista.
La falta - en su momento- de esta aprobación llevó a Bukele a presionar a los parlamentarios hasta el punto de que el 9 de febrero de 2020 el mandatario irrumpió en la sede del órgano Legislativo con militares y policías, y amenazó con una insurrección del pueblo.
Esta acción fue condenada por diferentes sectores de la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional.
Cuando fue lanzado el Plan Control Territorial diversas organizaciones alertaron sobre las posibles violaciones de los derechos humanos que se podrían generar al sacar a militares a las calles para las labores de seguridad.
La experta en temas de seguridad Jeannette Aguilar dijo a Efe que Bukele ha colocado como principal protagonista de su estrategia de seguridad al Ejército, institución que no se presenta únicamente como su mayor arma contra las pandillas, sino también como un escudo ante sus adversarios
