CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso el sábado restricciones de visa a 100 funcionarios nicaragüenses más por su papel en el apoyo al régimen del presidente Daniel Ortega.
El secretario de la agencia, Antony Blinken, escribió en sus cuentas de redes sociales que su oficina “ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a 100 funcionarios nicaragüenses que restringen los derechos humanos de los nicaragüenses y socavan la democracia”.
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“Hacemos un llamado al régimen para que libere incondicional e inmediatamente al obispo Álvarez y a todos los detenidos injustamente”, escribió Blinken.
El obispo Rolando Álvarez, un crítico abierto del gobierno de Nicaragua, fue encarcelado por el régimen de Ortega por supuestamente ayudar a los manifestantes antigubernamentales. Fue condenado a 26 años de prisión tras negarse a abordar un avión que transportaba exiliados a Estados Unidos en febrero.
Ortega encarceló a decenas de figuras de la oposición para ganar un cuarto mandato consecutivo en unas elecciones de 2021 que fueron ampliamente criticadas como una farsa. También ha prohibido a decenas de organizaciones no gubernamentales.
Desde entonces, decenas de opositores han sido juzgados o condenados en juicios breves por cargos vagos equivalentes a traición.
El Departamento de Estado había retirado previamente las visas de altos funcionarios nicaragüenses, así como de jueces que condenaron a líderes de la oposición y legisladores que habían cooperado en la prohibición de ONG y grupos cívicos.
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Anteriormente impuso restricciones de visa a 116 personas vinculadas al régimen de Ortega, “incluidos alcaldes, fiscales, administradores universitarios, así como funcionarios policiales, penitenciarios y militares”.
Esta semana, el gobierno de Nicaragua confiscó una prestigiosa universidad dirigida por jesuitas alegando que era un “centro de terrorismo”, la última de una serie de acciones de las autoridades contra la Iglesia Católica y figuras de la oposición.
El Departamento del Tesoro ha congelado los activos estadounidenses del Ministro de Defensa y otros funcionarios del ejército, las telecomunicaciones y los sectores mineros. Al igual que con docenas de funcionarios nicaragüenses que ya estaban bajo sanciones, a los ciudadanos estadounidenses se les prohibió tener tratos con ellos.
Con todas las instituciones gubernamentales firmemente bajo el control de Ortega y la oposición exiliada, encarcelada o escondida, el líder de 75 años erosionó la esperanza que quedaba de que el país pronto pudiera regresar a un camino democrático.
