Maryland

Informe sobre abuso sexual en Arquidiócesis de Baltimore deja ocultos los nombres de cinco líderes

Los nombres de ocho presuntos abusadores que habían sido redactados se publicaron en un sitio web el martes. Míralo aquí.

BALTIMORE — El fiscal general de Maryland publicó el martes algunos nombres previamente redactados en su sorprendente informe sobre abuso sexual infantil en la Arquidiócesis de Baltimore, pero los nombres de cinco líderes de la iglesia católica permanecieron ocultos en medio de apelaciones en curso, lo que provocó críticas a la iglesia por parte de las víctimas y defensores.

Si bien los nombres de los líderes de alto rango de la iglesia ya han sido informados por los medios locales, el director del capítulo de Maryland de Sobrevivientes de aquellos Abusados por Sacerdotes dijo que estaba decepcionado, pero no sorprendido, de que la resistencia continúe luchando contra la transparencia y la rendición de cuentas, a pesar de lo que dicen los líderes de la iglesia.

“Una vez más, esto simplemente demuestra que la Iglesia no está haciendo lo que dice que está haciendo”, dijo David Lorenz, líder del capítulo de Maryland de SNAP. “Simplemente no lo son. No están siendo abiertos y transparentes, y deberían serlo, y afirman serlo”.

Lorenz añadió que se preguntaba si los nombres en el informe se harían públicos alguna vez.

“No tengo mucha confianza, porque la iglesia es extremadamente poderosa y extremadamente rica y están pagando los abogados de estos funcionarios”, opinó Lorenz. "Lo sabemos. Están pagando a los abogados de los funcionarios cuyos nombres aún se están ocultando”.

La oficina del fiscal general de Maryland dijo en un comunicado el mes pasado que los cinco funcionarios cuyos nombres permanecen ocultos “tuvieron una amplia participación en el manejo por parte de la Arquidiócesis del clero abusador y los informes de abuso infantil”.

“La orden del tribunal permite a mi oficina continuar levantando el velo del secreto sobre décadas de horribles abusos sufridos por los sobrevivientes”, indicó en ese momento el fiscal general Anthony Brown.

Los nombres de ocho presuntos abusadores que habían sido redactados se publicaron en un sitio web el martes.

La oficina de Brown dijo que hay apelaciones en curso relacionadas con una mayor divulgación de nombres redactados y que la agencia podría publicar una versión aún menos limitada del informe más adelante.

Los nombres fueron inicialmente omitidos en parte porque se obtuvieron a través de procedimientos del gran jurado, que son confidenciales, según la ley de Maryland, sin orden de un juez.

Muchos de los nombres más notables fueron informados previamente por los medios locales en las semanas posteriores a la publicación inicial del informe en abril.

Entre los acusados de perpetuar el encubrimiento se encuentra el obispo auxiliar W. Francis Malooly, según The Baltimore Sun. Posteriormente, Malooly ascendió hasta convertirse en obispo de la Diócesis de Wilmington, que cubre todo Delaware y partes de la costa este de Maryland. Se jubiló en 2021.

El miércoles se revelaron estremecedores detalles de la investigación sobre presuntos abusos a menores en el seno de la iglesia católica.

Otro funcionario de alto rango, Richard Woy, actualmente se desempeña como párroco de la parroquia St. Elizabeth Ann Seton en un suburbio al oeste de Baltimore. Recibió quejas sobre uno de los presuntos abusadores más infames del informe, el padre Joseph Maskell, quien fue el tema de la serie de Netflix de 2017, “The Keepers”.

Un portavoz de la arquidiócesis no respondió de inmediato un correo electrónico en busca de comentarios.

En abril, el fiscal general publicó por primera vez su investigación de 456 páginas con censuras que detallan a 156 clérigos, maestros, seminaristas y diáconos dentro de la Arquidiócesis de Baltimore que supuestamente agredieron a más de 600 niños desde la década de 1940. Muchos de ellos ahora están muertos.

La publicación del informe, en gran parte sin redactar, se produce pocos días antes de que una nueva ley estatal entre en vigor el 1 de octubre, eliminando el plazo de prescripción de los cargos de abuso sexual infantil y permitiendo a las víctimas demandar a sus abusadores décadas después del hecho.

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