En su informe más reciente, The International Crisis Group advirtió que el estado de excepción impuesto por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, podría tener un efecto "boomerang" debido al aumento de la "crisis de derechos humanos" que se vive en las cárceles del país.
De acuerdo con el analista de esta organización para Centroamérica, Tiziano Breda, esta estrategia ha sido efectiva a corto plazo, pero más adelante podría tener repercusiones mayores en la población confinada.
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"Toda esta política, en mediano y largo plazo, creemos que no es sostenible si no solamente se intenta alejar a los miembros de las pandillas de las calles, sino que se intenta alejarlos de la vida de pandillas como tal", explicó.
Según el informe titulado "Un remedio para la fiebre carcelaria en El Salvador", cerca de 53,000 delincuentes han sido encarcelados, mientras que el presidente expresó que van 204 días sin homicidios en el país.
Aunque algunos residentes elogian estas medidas, The International Crisis Group reveló que jóvenes inocentes están tras las rejas debido a las detenciones arbitrarias que también se han llevado a cabo. Por tal razón, el régimen anticrimen podría ocasionar que los delincuentes que aún permanecen en las calles respondan violentamente contra las autoridades.
"No es de (extrañar que las pandillas) se puedan adaptar a estas nuevas circunstancias, puedan reagruparse, dejar de priorizar el bajo perfil como están haciendo ahora e intentar contratacar si ven que no hay ninguna alternativa", añadió Breda.
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Según las soluciones planteadas en el informe, "El Salvador necesita un enfoque más humano y sostenible para resolver su problema de pandillas". Para ello, la organización recomendó establecer políticas para una reinserción saludable de los confinados a la libre comunidad.
"Bukele y sus altos funcionarios deben ser conscientes de los peligros que acarrea tener una enorme población penitenciaria, a la cual se le debe proveer con techo y comida, y empezar a buscar formas para liberar a los reclusos (ya sean sospechosos o condenados) con la condición de que participen en programas supervisados de rehabilitación", reza el documento.
