La Asamblea General de Maryland está considerando una legislación para proteger la información personal de los jueces después de que un juez del condado Washington fuera asesinado en su propia entrada en octubre.
Pedro Argote disparó contra el juez del Tribunal de Circuito Andrew Wilkinson en su casa en Hagerstown horas después de una audiencia, explicó la policía.
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Argote comenzó a buscar al magistrado en Internet meses antes y lo acechó antes de dispararle en el camino de entrada, afirmó la viuda de Wilkinson.
"Este fue un asesinato por contacto cercano cometido por un acusado descontento que odiaba nuestro sistema judicial", expresó Stephanie Wilkinson.
Wilkinson testificó en apoyo de la Ley de Seguridad Judicial del juez Andrew F. Wilkinson, que permitiría a personas protegidas, como jueces actuales y retirados, y sus familias solicitar que su información personal no se haga pública, no se publique en Internet o en las redes sociales. Los jueces de todo el estado lo apoyan.
No está claro cómo encontró Argote la dirección de la víctima. El cuerpo de Argote fue encontrado en un bosque días después del asesinato.
“Trato de decirme a mí misma que mi esposo no sufrió, pero en realidad, mi corazón se hace añicos cuando pienso que el último sentimiento de Drew en la Tierra fue miedo”, lamentó Stephanie Wilkinson.
La ley protegería las direcciones particulares, los números de teléfono y los números de Seguro Social de los jueces. La protección también se extendería a los cónyuges e hijos en el hogar.
La ley también crearía un grupo de trabajo para estudiar y hacer recomendaciones para hacer que los tribunales sean más seguros en Maryland, incluido cuántos agentes de seguridad deben estar presentes en la sala del tribunal durante los procedimientos. Ese informe debería entregarse el próximo enero.
Los infractores podrían ser acusados de un delito menor punible con pena de cárcel y una multa.
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El senador estatal Paul Corderman, republicano por el condado Washington, patrocina la legislación. Su padre era juez en el mismo condado en la década de 1980 cuando explotaron las bombas caseras que recibió en un paquete en su casa. El magistrado sobrevivió al ataque.
“No puedo entender lo que sentía la familia del juez Wilkinson, porque desafortunadamente perdimos al juez Wilkinson, quien era un verdadero servidor público”, explicó Corderman. "Pero vamos a hacer todo lo posible para mantener seguros a los jueces".
Una legislación similar fracasó el año pasado. Los legisladores expresaron su esperanza de que se aprobara un proyecto de ley este año a la luz de la tragedia.
