SAN SALVADOR — El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador publicó el sábado el escrutinio final que confirma a Nayib Bukele como ganador de las elecciones presidenciales y seguirá gobernando el país por otros cinco años.
“Se declaran electos presidente y vicepresidente de la República de El Salvador al señor Nayib Armando Bukele Ortez y al señor Félix Ulloa hijo, respectivamente postulados por el partido político Nuevas Ideas”, indicó el Tribunal en el acta del escrutinio final suscrita por los cinco magistrados propietarios.
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El documento oficializó que, procesadas las 8,562 actas de las juntas receptoras del voto nacional y las actas del voto en el exterior, Bukele alcanzó 2,701,725 sufragios, equivalentes al 84,65% de los votos válidos.
En el segundo lugar quedó Manuel Flores, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN con 204,167 votos, un 6,40%), mientras que Joel Sánchez, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), alcanzó 177,881 votos válidos, un 5,57%, seguido del excapitán del ejército Luis Parada, de Nuestro Tiempo, con 65,076 votos, el 2,4%.
Javier Renderos, de Fuerza Solidaria, obtuvo 23,473 votos, el 0,74%, y Marina Murillo de Fraternidad Patriótica Salvadoreña, logró 19,293, el 0,60% de los votos válidos.
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Según el Código Electoral, las elecciones las gana el que consiga la mitad más uno de los votos válidos emitidos.
El acta incluye la consideración particular del magistrado Julio Olivo, quien recordó que se abstuvo de la inscripción de la candidatura de Bukele porque “juré cumplir con la Constitución de la República y las leyes”.
En ese contexto, expresó que suscribe el acta del escrutinio final dado que otros candidatos —cuya inscripción sí votó— se postularon y participaron en el proceso electoral. Además, alegó que el Código Electoral establece como obligaciones que los magistrados firmen los decretos, actas, resoluciones, peticiones, acuerdos y todas actuaciones aprobadas en las sesiones.
A pesar que la Constitución prohíbe la relección presidencial, una resolución de 2021 de la Corte Suprema de Justicia habilitó a Bukele a volver a presentarse en los comicios presidenciales del 4 de febrero, lo que fue refrendado por el Tribunal Supremo Electoral.
A partir de la publicación del acta de escrutinio final, el Tribunal tiene del 19 al 26 de febrero de 2024 para entregar las credenciales al presidente y vicepresidente.
La victoria de Bukele confirmó los pronósticos de todas las encuestas, entre ellas la de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), dirigida por jesuitas, en la que Nuevas Ideas aparecía con 81,1% de intención de voto.
Este será el segundo mandato de cinco años de Bukele, quien en 2019 ganó en la primera vuelta, en la que superó a una coalición de partidos de derecha. Asumirá el nuevo mandato el 1 de junio.
El presidente salvadoreño, que goza de una alta popularidad, basó su campaña en el combate a las temibles pandillas y advirtió a los salvadoreños que si su partido no ganaba las elecciones presidenciales y legislativas se ponía en riesgo la guerra contra estas organizaciones criminales.
Pese a los constantes cuestionamientos de partidos políticos y organismos defensores de los derechos humanos a su candidatura —por contravenir la prohibición constitucional que impide la reelección inmediata—, Bukele logró que el poder judicial la habilitara.
Poco después del cierre de la votación del domingo 4 de febrero, y en un acto que concentró a miles de sus seguidores en la Plaza Cívica del centro histórico de San Salvador, pese a que aún no había resultados oficiales, Bukele se proclamó ganador y dijo que había roto “todos los récords de todas las democracias en toda la historia”.
Bukele se convirtió en un fenómeno político por sus medidas para fortalecer la seguridad. Dos años después de implementar su régimen de mano dura contra las pandillas, más de 76,000 personas permanecen encarceladas, la mayoría sin que haya una sentencia en su contra.
Organizaciones nacionales e internacionales han cuestionado a Bukele, acusándolo de presuntas violaciones a los derechos humanos, pero el mandatario los acusa de defender a los criminales, que durante más tres décadas controlaron gran parte del territorio.
